Bruselas pregunta a la Administración andaluza si afecta a fondos europeos

La Comisión Europea anunciaba ayer que pedirá explicaciones al Gobierno andaluz por el posible fraude para determinar si las irregularidades afectan al uso de fondos de la UE. «A la luz de las informaciones aparecidas en la prensa, los servicios de la Comisión pedirán a las autoridades españolas que confirmen que los fondos utilizados para la formación profesional continua en Andalucía no proceden del Fondo Social Europeo (FSE)», explicaba la portavoz de Empleo, Emer Traynor.

No es la primera vez que Bruselas llama a la Administración andaluza por el mismo motivo . En enero ya se puso en contacto a raíz de otras informaciones que apuntaban también a irregularidades en los cursos de formación que realizaban desde los sindicatos mayoritarios.

Entonces, las autoridades andaluzas respondieron a Bruselas que ningún gasto de los cursos de formación investigados se había presentado para ser reembolsado por el Fondo Social Europeo. Por ello, la Comisión concluyó en ese momento que se trataba de una investigación puramente nacional. Andalucía debía recibir durante el periodo 2007-2013 un total de 1.100 millones de euros del FSE.

La investigación abierta por la Policía y su repercusión en los medios de comunicación ha sido respondida por parte de la Administración andaluza con una petición de rectificación al Ministerio del Interior, al que acusa de filtrar de forma interesada las pesquisas.

El consejero de Educación, Luciano Alonso, que asumió las competencias de formación para el empleo con el nuevo Gobierno de Susana Díaz en septiembre de 2013 -antes las tenía la Consejería de Empleo-, ha exigido explicaciones al ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, y que «dé la cara y datos y apellidos de las instituciones o empresas» implicadas en este supuesto fraude o, en caso contrario, que «pida disculpas y retire la acusación».

Ha arremetido contra el Ministerio del Interior por «poner en duda la legalidad de las cantidades que representan el presupuesto total de la formación profesional para el empleo en Andalucía en los últimos siete años», en alusión a unos 2.000 millones que apuntan fuentes de la investigación como la cantidad presuntamente estafada. Alonso ha exigido al ministro de Interior que especifique «de dónde y con qué datos cuenta para decir que existe un fraude masivo en la formación profesional en Andalucía».

Sin embargo, el Ministerio ha desmentido «categóricamente» que haya filtrado «ninguna información sobre ninguna operación abierta», ya que la Policía trabaja desde hace meses en una investigación abierta a raíz de datos detectados por la Seguridad Social «con absoluta discreción y la máxima reserva».