El TSJA plantea reorganizar la planta judicial de Cádiz para vencer la ineficacia

Un año más, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) vuelve a lanzar un mensaje, que suena ya a desesperado por reiterado, sobre las deficiencias que presenta el sistema judicial en Andalucía. Este llamamiento que el alto tribunal andaluz realiza a través de su memoria de actividad, difundida ayer, vuelve a incidir en la necesidad urgente de afrontar una reorganización de juzgados y recursos humanos para ganar en eficacia; esa asignatura pendiente de la Justicia española diagnosticada hace años de excesiva lentitud en su funcionamiento. El balance judicial no es nada esperanzador: «No podemos reflejar avances significativos», señala el informe judicial con respecto a 2013.

Para la provincia de Cádiz, la memoria del TSJA receta una reestructuración de su planta judicial, una de las más complejas de Andalucía debido a los numerosos partidos dispersados a lo largo de su geografía. En el texto se proponen algunas ideas de por dónde debería orientarse esa reorganización interna que tiene como objetivo ganarle la partida a la burocracia. Así propone reagrupar los juzgados de la Sierra (Arcos y Ubrique) o los de la Comarca del Campo de Gibraltar (San Roque y La Línea), exceptuando Algeciras.

Frente a otros países, donde se prima la concentración de recursos para optimizarlos, España es uno de los estados con más tribunales y Andalucía con sus 1.360 órganos judiciales y la provincia gaditana con sus 96 juzgados unipersonales y una Audiencia Provincial repartida en tres sedes no son precisamente la excepción.

Sin presupuesto para ampliar

El TSJA aboga por esa política de reorganización interna, frente a otras épocas en las que se reclamaban aumentar progresivamente las plantas judiciales con más órganos, empujado por un contexto de recesión en el que no se crean nuevos juzgados, «sin previsiones económicas y presupuestarias al respecto», y que mantiene a dos promociones de la carrera judicial (300 jueces) sin poder tener una plaza como titular.

La memoria recoge las quejas que «reiteradamente» expresan los jueces por el desigual reparto de recursos entre juzgados con exceso de plantilla para la carga de trabajo que soportan frente a otros órganos judiciales condenados al atasco permanente. El TSJA le pide a la Junta que afronte «sin más dilación» un rediseño de la Relación de Puestos de Trabajo que se ajuste a la realidad que afrontan los juzgados.

En Cádiz hay varios ejemplos de esas disonancias. Los tres juzgados de violencia de género con competencia exclusiva en esta materia están por debajo de la carga de trabajo recomendada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para este tipo de juzgados. Los llamados módulos de entrada establecen una horquilla entre 1.470 y 1.762 asuntos al año que pueden ser tramitados con normalidad. La actividad de estos tres juzgados gaditanos está muy por debajo. En 2013 Cádiz registró 819 casos, Algeciras 1.031 y Jerez 1.191.

En el lado opuesto, en cuanto a carga de trabajo, está un año más el único juzgado de lo Mercantil de la provincia que recibe tres veces más de asuntos de lo que su plantilla puede asumir según los límites establecidos por el CGPJ. El TSJA propone incrementar la plantilla en este caso y un año más, que los juzgados de violencia de género asuman procedimientos de otras localidades próximas.

El presidente del TSJA, Lorenzo del Río, considera «imprescindible y urgente» abordar ya un procedimiento de reordenación de efectivos», sin obviar que esta reorganización puede afectara a posibles derechos adquiridos por los funcionarios, que podrían verse sujetos a procesos de movilidad. Pero ha apelado «a la sensibilidad y generosidad» de todas las partes implicadas.

Desde el TSJA consideran que esta reorganización de recursos humanos debe abordarse de forma urgente incluso antes de la Nueva Oficina Judicial, que comenzará a funcionar este año, según el anuncio de la Consejería de Justicia. Un proyecto que afronta ahora la Administración regional pero demandado por el poder judicial hace 16 años, cuando el Consejo General del Poder Judicial la reivindicó en su Libro Blanco para la Reforma de la Justicia.