Admitida la denuncia por los 'papeles de Salamanca' contra la Generalitat

El conflicto judicial por los 'papeles de Salamanca' parece no tener final. La Justicia ha admitido a trámite la denuncia presentada por un investigador particular contra la Generalitat catalana, en la que acusa al Gobierno autonómico de custodiar documentos de los llamados 'papeles de Salamanca' que no le corresponderían.

La denuncia que interpuso Policarpo Sánchez, que pasó su primer escollo formal en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), pretende que la Administración catalana devuelva al antiguo Archivo general de la Guerra Civil, con sede en Salamanca, hoy Centro Documental de la Memoria Histórica, «todos los documentos y otros efectos que no fueron incautados en Cataluña a personas naturales o jurídicas de carácter privado, con residencia, domicilio, delegación o secciones en Cataluña» y que supuestamente obran en manos del Ejecutivo catalán.

En el auto se reclama a la Generalitat un «expediente administrativo que deberá ser remitido en un plazo de veinte días», en el que el departamento catalán de Cultura deberá explicar si custodia papeles que no debiera. Fuentes de la Consejería de Cultura eludieron fijar la posición del Gobierno catalán o precisar si presentarán alegaciones. El denunciante se felicitó por el avance y señaló que el decreto de admisión demuestra que su demanda «se ajusta a la legalidad, debiéndose continuar el procedimiento por sus propios trámites». «Es el reconocimiento al esfuerzo y preocupación de personas desinteresadas que, en defensa de la legalidad, se han levantado contra la injusticia y el canibalismo político de la Generalitat, que está acabando con un Patrimonio que pertenece a todos los españoles», expresó el historiador salmantino.

Policarpo Sánchez mostró en la denuncia su intención de reclamar la devolución de todos los documentos que la Generalitat no ha devuelto a sus legítimos propietarios porque no ha podido acreditar su titularidad, ya que a su juicio la sentencia del Tribunal Constitucional de 31 de enero de 2013 «deja claro que la Generalitat no adquiere la propiedad de todos los documentos y efectos privados que no hubiesen podido restituirse». Según él, el departamento de Cultura ha cometido irregularidades en su entrega, como otorgar la titularidad a personas o entidades que nada tienen que ver con sus legítimos propietarios o sus sucesores e incluso acusa de haber modificado estatutos de organizaciones constituidas después de la Guerra Civil al objeto de hacerlas pasar como titulares de la documentación incautada durante la contienda.

La denuncia de este investigador es el último episodio de una larga batalla judicial. El retorno de los 'papeles de Salamanca' era una vieja reivindicación catalana surgida durante la Transición y que se concretó el 19 de enero de 2006 con un primer envío de 500 cajas de documentos incautados por las autoridades franquistas en Cataluña al final de la contienda y que estaban en el Archivo de la Guerra Civil.

Se trata de material que el franquismo confiscó en las sedes de instituciones como la Generalitat o ayuntamientos de la Segunda República, partidos políticos (como el PSUC o ERC), organizaciones sindicales, asociaciones culturales y domicilios particulares. Mucha de esta documentación sirvió como prueba para dictar condenas durante el franquismo por apoyar al bando republicano.

La devolución, aprobada por el Gobierno del PSOE a través de una ley de 2005, fue muy criticada en Castilla y León y también desde sectores del PP, que calificaron la restitución de «expolio». Se calcula que regresaron a Cataluña en torno a 400.000 documentos, que el Gobierno catalán custodió primero en el Archivo Nacional de Cataluña y que fue luego fue devolviendo a instituciones y particulares, en un acto que en Cataluña se entiende de «justicia histórica». En 2008, en cambio, el Ejecutivo castellano-leonés y el ayuntamiento de Salamanca emprendieron una batalla judicial para tratar de revertir el traslado, primero en la Audiencia Nacional, luego en el Supremo y finalmente en el Constitucional. Perdieron todos los recursos. La sentencia del TC de 2013 pareció la última contienda en los tribunales y la que archivaba definitivamente el contencioso, hasta la iniciativa de Policarpo Sánchez.