Mas ignora al Constitucional y se niega a frenar el proceso independentista

Ni un paso atrás. A pesar de que la sentencia del Tribunal Constitucional deja claro que el derecho a la autodeterminación no es posible en el ordenamiento jurídico español y a pesar de que el fallo niega que Cataluña pueda ser un sujeto político soberano, el presidente de la Generalitat, Artur Mas, insistió ayer en apostar por un referéndum que concluya con la independencia de Cataluña. «El proceso político continúa», dijo ante el Parlamento catalán.

Ante la posibilidad de perder ante Esquerra las elecciones europeas, Mas decidió acentuar su perfil soberanista y hace tres semanas advirtió con sacar las urnas a la calle el 9-N pase lo que pase y no descartó la declaración unilateral de independencia; ayer dio un paso más y habló ante la cámara autonómica de que «Cataluña puede ser algún día un país independiente» y no un Estado propio como suele decir eufemísticamente. Pero al mismo tiempo se aferró a que por primera vez el alto tribunal reconoce en su sentencia dictada el martes el derecho a decidir del pueblo catalán, siempre y cuando se lleve a cabo en el marco de la legalidad constitucional, eso sí, teniendo en cuenta que «nadie tiene la capacidad de quebrar, por su propia voluntad, la indisoluble unidad de España».

«Cabe, pues, una interpretación constitucional de las referencias al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña, y así debe hacerse constar en el fallo», según la parte de la sentencia que Mas destacó este miércoles y que, en su opinión, avala el plan soberanista que debe conducir a la consulta del 9 de noviembre.

El presidente de la Generalitat sitúa en el 8 de abril el primer paso importante en su camino hacia el referéndum y la secesión. Ese día se celebrará el debate en el Congreso en el que Jordi Turull, por CiU, Marta Rovira, por Esquerra, y Joan Herrera, por Iniciativa, y no Mas, como reclama la oposición, solicitarán la transferencia a Cataluña de la competencia para convocar referendos. Será el primer peldaño y también uno de los muchos «escollos», como lo es la sentencia del Constitucional, que Mas cree que se encontrará en la llamada transición nacional, pero que considera que el pueblo catalán será capaz de superarlos todos.

Lo que está por ver es cómo solventará el más complicado, que es celebrar la consulta el 9 de noviembre. De momento, Mas ha apuntado tres opciones: la ley española, que se le cerrará a partir del 8 de abril tras el no rotundo de PP y PSOE en el Congreso; la catalana, con la ley de consultas, que también acabará en el Constitucional; o a través de las elecciones plebiscitarias, que a nadie acaban de encandilar, ni a CiU por razones electorales ni a ERC, que las ve descafeinadas. Una cuarta carta sería celebrar una consulta organizada por la sociedad civil, a través de la Asamblea Nacional Catalana, al margen de las instituciones públicas, pero esta posibilidad tendría menos validez. Eso sí, a Mas y Junqueras les serviría para poder denunciar ante Bruselas y la ONU que Cataluña no puede expresarse de manera democrática como en Escocia, por ejemplo, que celebrará su referéndum el 18 de septiembre, casi dos meses antes.

Pide diálogo

Mas dejó claro que no piensa desacelerar el proceso, aunque se lo pidieron una vez más el PP y el PSC, y además cargó contra el tribunal. A su juicio, lo más grave del fallo es que se haya producido. «¿Qué hace un tribunal anulando una resolución política del Parlamento catalán?», dijo. Para el líder nacionalista, el Constitucional debería ser el árbitro al servicio de todos y en este caso no ha actuado en este sentido.

En la misma línea del Ejecutivo catalán de no pisar el freno pese a la sentencia, la Mesa del Parlamento catalán ignoró el fallo y mantuvo vigente la declaración de soberanía del 23 de enero de 2013. Aun así, el presidente catalán, como hace casi siempre, dejó una puerta abierta, aunque inconcreta, e instó de nuevo al Gobierno de Mariano Rajoy a que mueva ficha en una negociación que «comportará un nivel de riesgo importante para todos».

Por su parte, la vicepresidenta del Govern, Joana Ortega, envió ayer una carta a todos los alcaldes de Cataluña para saber su «compromiso y colaboración» con su departamento en la organización de la consulta soberanista. En la carta, sostiene Ortega que para hacer efectivo este «ejercicio de democracia por cualquiera de las vías previstas» es necesaria la corresponsabilidad de las diferentes instituciones de Cataluña.