La Junta prorroga el concierto con Pascual de forma unilateral

El conflicto que ha instalado la incertidumbre en el sector sanitario de la provincia, por el peso de los conciertos en su red asistencial, vivió ayer un episodio que si no es definitivo al menos supone un avance fundamental. La Junta de Andalucía, a través del Consejo de Gobierno decidió aprobar la prórroga unilateral, bajo el argumento del «interés público», del pacto firmado en marzo del 2011 con Clínicas Pascual, la empresa privada que gestiona hospitales en Cádiz, El Puerto, Sanlúcar y Villamartín.

La Junta ha utilizado la protesta de aprobar unilateralmente la prórroga ante la falta de entendimiento con la empresa. La intención de la Administración autonómica de rebajar las cantidades que la firma percibe por prestar sus servicios es el origen del desencuentro.

La prórroga se establece por un importe total de 95,19 millones de euros, un 5% inferior al de los convenios vigentes hasta ahora, lo que supone un recorte que Pascual no está dispuesto a tolerar por asegurar que repercutirá en instalaciones, atención y, sobre todo, plantillas de los distintos centros. El periodo de vigencia de esta prórroga va del próximo martes 1 de abril al 15 de marzo del 2015. «La falta de acuerdo con la empresa Pascual ha obligado a la Junta a adoptar esta decisión, con el fin de garantizar la prestación de atención especializada a la población y el consiguiente mantenimiento de los puestos de trabajo», señala la Junta en una nota. Durante las negociaciones con la Consejería de Salud, Clínicas Pascual pidió que se le cediese un centro sanitario público de la provincia para ser gestionado en el ámbito de lo privado. Ese recinto era el llamado 'Chare' de Vejer, abandonado hace dos años tras su construcción y pendiente de dotación e inauguración.

Esa cesión, dice la Junta, «supondría la privatización de servicios» que «es incompatible con el modelo de sistema sanitario público y universal que defendemos». En cambio, prorroga el concierto para que una empresa privada le ceda sus centros, trabajadores y servicios a la red autonómica.

Los delegados sindicales de las clínicas Pascual evitaron ayer valorar la decisión adoptada por el Consejo de Gobierno hasta que la analicen en una asamblea. Ya la semana pasada registraron un escrito en el que solicitaban un nuevo encuentro para pedir al SAS que estudiara la posibilidad de ampliar el convenio a cuatro años, «lo que daría mayor estabilidad al empleo». Por lo pronto, mantienen la movilización prevista para este viernes en la capital, con pancartas «en defensa de los puestos de trabajo y del servicio».