Jóvenes opositores al Gobierno protestan en Caracas. :: EFE
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El acoso chavista a dirigentes opositores reaviva las protestas

La detención de alcaldes a los que el Gobierno culpa de apoyar la movilización extiende el temor a que se recrudezca la violencia

LA HABANA. Actualizado: Guardar
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La detención de los alcaldes opositores de San Cristóbal (Táchira), Daniel Ceballos, y San Diego (Valencia), Vicencio Scarano, y de Salvatore Lucchese Scaletta, director de la Policía local de este último municipio venezolano por no haber actuado para frenar las 'guarimbas' (barricadas) en estas ciudades reactivó las manifestaciones pacíficas contra el Gobierno de Nicolás Maduro. El primer edil de San Diego fue condenado en «juicio exprés» a 10 meses y 15 días de prisión por «desacato» a la orden gubernamental de retirar las basuras y materiales que cortaban las calles.

Ceballos fue detenido la noche del miércoles por agentes del servicio de Inteligencia. Sus correligionarios del partido Voluntad Popular denunciaron que no le presentaron orden judicial. El ministro de Interior, Justicia y Paz, el general Miguel Rodríguez Torres, rechazó esta versión y aseguró que el arresto fue dictado por el Tribunal Supremo por «rebelión civil» y asociación para delinquir.

Alcaldes opositores se solidarizaron con sus colegas que pasaron la noche en la cárcel de Ramo Verde, la misma en la que está desde hace un mes el líder opositor Leopoldo López. Los encarcelados recibieron visitas de los dirigentes locales de Sucre, Carlos Ocariz, y el barrio caraqueño El Hatillo, David Smolansky. Sus seguidores volvieron a tomar las calles frente la ofensiva judicial del chavismo contra la oposición. Y las nuevas protestas dispararon la tensión por la posibilidad de que se recrudezca la violencia. Desde el 12 de febrero han muerto 31 personas, unas 400 resultaron heridas y más de 1.500 fueron detenidas; de ellas, 121 fueron a parar a prisión.

El ministro de Interior defendió que el arresto de Ceballos, un férreo adversario del chavismo, fue un acto de justicia frente a «un alcalde que no sólo dejó de cumplir las obligaciones que le imponen la ley y la Constitución, sino que facilitó y apoyó toda la violencia irracional que se desató en San Cristóbal», la capital del Estado de Táchira.