Gallardón estudiará «con intensidad» las propuestas sobre el aborto

A pesar de los intentos del Gobierno por apartar el debate del aborto, no hay semana en la que no tenga que pronunciarse en varias ocasiones. El último en hacerlo ayer fue el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, al asegurar que estudiará «con intensidad» las sugerencias de los órganos consultivos sobre la reforma. Una manera de insistir en la idea defendida reiteradamente desde el Ejecutivo y el PP de que el anteproyecto todavía no está cerrado y, por tanto, hay espacio para algunos cambios. Sin embargo, Gallardón evitó dar ninguna fecha o plazo límite para evaluar los distintos informes recibidos, lo que hace prever que dicho proceso llevará tiempo.

«Cuando presentemos el proyecto de ley, a la vista de lo que nos hayan dicho los órganos consultivos, será cuando establezcamos cuál es el criterio definitivo del Gobierno durante su tramitación», respondió evasivamente Gallardón en la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros. El titular de Justicia e impulsor de la polémica reforma no quiso aclarar si se plantea incluir el supuesto de malformación del feto en la ley como recogía la normativa de 1985 -y que ha provocado numerosas críticas internas- o mantener solo los otros dos (violación y riesgo para la salud física o psicológica de la madre).

A tenor de las últimas declaraciones del Gobierno da la sensación de que habrá que esperar bastante para conocer los posibles cambios en el texto. El Ejecutivo es consciente de la controversia que genera la reforma en sus filas y en sus propios votantes, por lo que parece no tener demasiada prisa en llevar a cabo el redactado final del texto. Máxime con las elecciones europeas en tan solo tres meses. Y es que una vez concluya el análisis de los informes remitidos por los órganos consultivos y las comunidades autónomas el siguiente paso es la aprobación de la reforma como proyecto de ley para iniciar su trámite parlamentario -cuya tramitación podría prolongarse varios meses-.

La repercusión de la reforma del aborto se refleja en las protestas y movilizaciones de las últimas semanas. En este sentido Gallardón se limitó a señalar que «seguirá escuchando» a la sociedad, inmersa en un debate «rico en su dialéctica y que está abierto».

Amnistía pide la retirada

Por su parte, Amnistía Internacional (AI) se sumó a las críticas a la reforma y exigió ayer al Gobierno que retire la reforma del aborto porque «pone en riesgo» la salud de mujeres y niñas. «Esta reforma podría causar un aumento en el número de mujeres y niñas que recurren a procedimientos peligrosos, inseguros, clandestinos e ilegales, poniendo en riesgo su salud, y hasta su vida», explicó la directora adjunta para Europa de Amnistía, Jezerca Tigani.

En su opinión el anteproyecto «incumple las obligaciones internacionales de derechos humanos contraídas por España». Para el director de AI en España, Esteban Beltrán, la reforma es también «discriminatoria», ya que afectará a mujeres y jóvenes en situación de pobreza que no tendrán medios económicos para viajar al extranjero y acceder a abortos «seguros y legales».

También se desmarcó de la ley la Sociedad Española de Psiquiatría. Su presidente, Miguel Gutiérrez, explicó en una entrevista a Efe que la decisión de interrumpir un embarazo «no es una condición psiquiátrica, sino una decisión personal». Una de las principales novedades de la normativa tiene que ver con la necesidad de que dos psicólogos evalúen a una mujer cuando alegue daños psicológicos para abortar. En cualquier caso, Gutiérrez lamentó que a pesar de la responsabilidad que la reforma atribuye al colectivo, el Gobierno no les haya consultado.

Además, la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública alertó de que la nueva normativa «dejaría fuera el 97% de las interrupciones voluntarias de embarazos que ahora están dentro de la cartera de servicios de la sanidad». Para estas organizaciones la reforma «es una carrera de obstáculos que impediría en la práctica ni siquiera realizar los abortos que puedan acogerse a los supuestos permitidos», en referencia a los dos informes médicos y al periodo de 'reflexión' de siete días.

Finalmente, la reforma de la ley también provocó ayer la dimisión de la concejal del PP en Calasparra, Davinia Saorín, que comparó hace unas semanas a las mujeres que abortan con «terroristas».