Andalucía quiere gestionar la Mezquita de Córdoba

La titularidad de la Mezquita-Catedral de Córdoba, Patrimonio de la Humanidad de la Unesco y uno de los monumentos más visitados de todo el país, va camino de convertirse en una nueva polémica entre la administración, en este caso regional, y la Iglesia católica. La Junta de Andalucía anunció ayer que realizará un informe jurídico para determinar qué administración es competente para reclamar su titularidad y conseguir así que pase a ser un bien público, tal y como reclaman numerosos ciudadanos.

La controversia se remota a días atrás, cuando una plataforma ciudadana empezó a reclamar a través de las redes sociales que el monumento pasase a estar gestionado por la administración y no por el obispado de Córdoba, que se hizo con su titularidad en el año 2006 aprovechando un recoveco legal. Una reforma en 1998 de la Ley Hipotecaria recuperó artículos de la ley franquista que equiparaban la Iglesia con la administración pública, permitiéndole inscribir miles de lugares de culto que no estuvieran registrados a su nombre.

El proceso, denominado 'inmatriculación', permitió que el obispado de Córdoba se hiciera con la Mezquita por solo 30 euros de las tasas de registro. La ley amparaba además que el proceso se hiciera sin publicidad, por lo que la nueva titularidad no se descubrió hasta años después y por casualidad, cuando un ciudadano se interesó por el tema al ver que en todos los documentos y entradas constaba Santa Iglesia Catedral y no Mezquita.

Desde entonces, diversos colectivos han clamado contra esta situación. El más significativo es el de la Plataforma 'Por una Mezquita Catedral de Todos', que inició la movilización en las redes sociales y en dos semanas ha reunido más de 80.000 firmas, entre ellas las de personalidades de la cultura y las letras como Antonio Gala, el guitarrista flamenco Manolo Sanlúcar, el Premio Cervantes José Manuel Caballero Bonald o el exdirector general de la Unesco Federico Mayor Zaragoza.

Dicha plataforma reclama que la denominación del inmueble pase a ser 'Mezquita-Catedral', dado que define con más exactitud «su esencia y realidad arquitectónica». Y sobre todo, el reconocimiento jurídico de su titularidad pública, asegurando que «cualquier acto de apropiación privada carece de valor jurídico al tratarse de un bien de dominio público».