La oposición pide una comisión de investigación que dirima la implicación política

PSOE e IU tuvieron un papel muy activo en la polémica adjudicación del contrato del alumbrado público hace cinco años. Ambas formaciones, a través de la concejala socialista Marta Meléndez y de su homólogo en IU, Sebastián Terrada, denunciaron irregularidades en el proceso que acabó con la concesión del servicio en manos de la UTE Monelec-Electromur. Ambas formaciones se tomaron la apertura de la investigación judicial como la confirmación de que estaban en lo cierto cuando trataron de frenar la adjudicación. Ahora, con unas diligencias en curso, la oposición pedía ayer una comisión de investigación que dirima si Germán Molina contó con la connivencia de algún miembro de la Corporación. «Las graves acusaciones contra el extécnico del Ayuntamiento pueden tener una base sólida que nos lleva a plantear si algún político tenía conocimiento de sus presuntos amañamientos de contratos y presuntas facturas falsas, favoreciendo, al parecer, a unas empresas sobre otras», decía ayer Terrada. Desde su grupo sospechan que en su día fue denunciado «por fiscalizar la gestión municipal como es su obligación».

En IU, que están estudiando personarse en el procedimiento como acusación, le pide también al Gobierno local explicaciones. «Nos encontramos ante una situación, al parecer y según la denuncia presentada, continuada en el tiempo de presuntas irregularidades por parte de este ex técnico que creemos debe preocupar y muy mucho al equipo de gobierno del PP que no puede dar la callada por respuesta ante estos presuntos hechos», decía Terrada.

El actual portavoz del Grupo Municipal Socialista, Fran González, apunta en sus interrogantes a José Blas Fernández: «A ver cómo explica ahora a los gaditanos, a los que sangra con impuestos para paliar la incompetencia del equipo de Gobierno en materia económica, que no se enteraba de lo que pasaba en las áreas a su cargo. El teniente de alcaldesa tiene un serio problema, que es ver la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio. Y espero que no tenga la desvergüenza política y moral de escudarse en que sea un caso puntual, porque, si se confirman los hechos, se trata de tráfico de influencias asentado en el tiempo y en los procesos de adjudicación de licitaciones públicas. Se ha jugado con el dinero de los gaditanos, y ésa es una línea infranqueable».

González le exige que: «asuma su responsabilidad política y medite seriamente la renuncia a su acta de concejal. Si no es así, Teófila Martínez debería tomar cartas en el asunto, aunque mucho me temo que, como siempre que algún caso salpica a miembros del PP, mirará a otro lado».