El Gobierno y el PP presionan para librar del paseíllo a la infanta Cristina

De nuevo los famosos 40 metros de la rampa de los juzgados de Palma, y de nuevo la polémica de si debe o no hacer el paseíllo un imputado del 'caso Nóos', en este caso la hija del Rey el próximo 8 de febrero. Sin embargo, en esta ocasión hay una novedad. El ministro de Justicia y diversos dirigentes del PP reclamaron sin ambages al Decanato de los Juzgados de Palma un trato de favor a la infanta Cristina del que nunca ha gozado nadie de los que han declarado como imputados y testigos en el 'caso Nóos'; esto es, llegar en coche hasta la puerta del juzgado y ahorrarse descender la cuesta del callejón trasero del edificio. Un largo minuto de exposición a los flashes de las cámaras y, quizás, a los gritos lejanos de los manifestantes, a los que en cualquier caso ni llegará a ver.

Alberto Ruiz-Gallardón encendió la polémica ayer cuando fue preguntado si debería o no evitarse a la duquesa el paseíllo que por dos veces, en febrero de 2012 y febrero de 2013, hizo su marido. El titular de Justicia dijo confiar en que la «Sala de Gobierno» (sic) de la Audiencia palmesana evitará que la hija del Jefe del Estado tenga que enfrentarse a «situaciones de carácter previo» que puedan considerarse «perjudiciales» para ella. En realidad, se trataba de un desliz del ministro porque la decisión corresponde en exclusiva al decano de los juzgados y no a la Audiencia.

El máximo responsable de Justicia insistió en la cadena Cope en que «no se deben producir penas paralelas» con la infanta y se mostró «seguro» de que los superiores del juez José Castro tomarán «medidas para evitar» situaciones incómodas o humillantes para la hija del Rey.

Aunque el propio Castro, el pasado lunes ya amonestó a la defensa de la infanta por intentar presentar esta declaración como «voluntaria», Ruiz-Gallardón aseguró que es «obvio» que la «actitud de colaboración» de Cristina de Borbón no debería llevar emparejada una «pena paralela», como la del paseíllo. E insistió, a pesar de que hace un año su defensa se volcó en conseguir que no declarara, en que la duquesa se ha avenido «de forma voluntaria» a dar explicaciones ante Castro ya que ha renunciado a su «legítimo derecho constitucional» de recurrir su imputación ante el propio juez en reforma y ante la Audiencia Provincial en apelación.

El fuego que encendió el ministro fue avivado poco después por la presidenta del PP de Madrid. Esperanza Aguirre aseguró que sería «estupendo que la infanta entre por el garaje» a los juzgados de Vía Alemanya. «Hasta ahora la Ley de Enjuiciamiento Criminal no impone la pena de paseíllo, que yo sepa», abundó. «Todos somos iguales ante la ley pero no ante los medios de comunicación y eso es una verdad como un templo», zanjó la expresidenta madrileña. Poco después fue el portavoz del PP en el Congreso, Alfonso Alonso, el que pidió que se evite que la comparecencia de la duquesa de Palma ante el juez se convierta en un «espectáculo».

Las presiones del PP y del Gobierno provocaron de inmediato la reacción de la mayoría de la oposición, con el PSOE a la cabeza. Su portavoz en el Congreso, Soraya Rodríguez, recordó que «todos somos iguales ante la ley y hay que actuar en consecuencia». Desde Izquierda Plural, José Luis Centella exigió al Ejecutivo que deje de hacer el «ridículo» haciendo de «defensa escoba» para «proteger» a la esposa de Iñaki Urdangarin.La líder de UPyD, Rosa Díez, también se preguntó por qué el Gobierno se empeña en «proteger a nadie».

Sin solicitud

Lo más curioso de esta polémica es que ni siquiera los abogados de la infanta han decidido si pedirán que su cliente entre por la puerta de atrás o sea protegida de alguna manera. Y desde luego no lo ha solicitado. El director de su defensa letrada, Miquel Roca, ya ha insistido en que el tema de la rampa es «absolutamente anecdótico». No obstante, el abogado que lleva el caso, Jesús María Silva, dejó claro ayer que preferiría que no hubiera paseíllo. Silva explicó que si de él «dependiera» la decisión, su patrocinada no bajaría la famosa cuesta, aunque dijo que «no le consta» que su despacho vaya a «plantear» que entre hasta el juzgado en coche.

La última palabra sobre este asunto, como ya ocurrió con las dos declaraciones de Urdangarin, la tendrá el juez decano del partido judicial de Palma, Francisco Martínez Espinosa, quien a partir de la próxima semana se reunirá con responsables policiales para estudiar el dispositivo de seguridad del 8 de febrero. Martínez, en febrero de 2012 y siempre alegando motivos de seguridad tras un informe muy alarmante de Interior sobre posibles disturbios que nunca acontecieron, aceptó que el duque llegara en su vehículo hasta la misma entrada del juzgado de guardia, ahorrándose por ende la cuesta, aunque no las fotos. No obstante, Urdangarin, por recomendación de la Zarzuela, prefirió hacer el paseíllo e incluso hizo declaraciones a los medios de comunicación.