El suspense de la Alcaldía de Bogotá

Si Gustavo Petro se mantiene como alcalde mayor de Bogotá, dependerá del resultado de un referéndum revocatorio convocado para el 2 de marzo. Así se zanjará la polémica desatada tras el fallo del fiscal general Alejandro Ordóñez, quien el 9 de diciembre le destituyó e inhabilitó para ejercer cargos públicos durante 15 años por unas supuestas «faltas gravísimas» en la contratación de un servicio de basuras en 2012. La convocatoria de esta consulta fue realizada por la autoridad electoral del país atendiendo a la petición del diputado Miguel Gómez Martínez, del Partido de la U, que lo acusa de mala gestión. Para que tenga efecto, deben acudir a votar por lo menos 1.200.000 bogotanos, la mitad más uno de los que lo apoyaron en las elecciones anteriores. Si son mayoría, Petro deberá abandonar el cargo.

Pero el caso no está relacionado directamente con la destitución decretada a finales del año pasado por Ordóñez y ahora pendiente del proceso de apelación. El fiscal y los demás miembros de su sala fueron recusados por la defensa del regidor capitalino por considerar que no serán imparciales.

Los abogados del dirigente de izquierda y exguerrillero interpusieron el 31 de diciembre un recurso para que la Fiscalía General de la Nación revise el fallo de Ordoñez. Piden que el Senado defina un procurador 'ad hoc' a partir de una terna integrada por candidatos del presidente de la República, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado. La Fiscalía acusó a Petro de crear por decreto un modelo de recogida de basuras fuera de la ley, y de violar la libre competencia al entregar el control del servicio a una empresa pública.

Según la defensa del alcalde, considerado el cargo con mayor poder en Colombia después del presidente, «no están probados y sí están desvirtuados» los cargos por los cuales el Ministerio Público lo declaró responsable y lo sancionó con tanta dureza.

El documento, de 272 páginas, indica que no hay pruebas de que Petro actuara «con la intención de dañar ni la regulación constitucional ni los derechos de las empresas que venían prestando el servicio». Asimismo, agrega que las decisiones ante las supuestas faltas son «desproporcionadas, irracionales, inconstitucionales, ilegales y ominosas».

Gran apoyo popular

Petro, quien ha recibido en todas estas semanas gran apoyo popular, aseguró que todo el problema radica en la «militancia política y religiosa» del fiscal general, quien asegura ha mostrado «minuciosamente su reconocida postura reaccionaria, ultracatólica, tradicionalista, monárquica, antidemocrática, anticonstitucionalista, jerárquica, contraria a los derechos de homosexuales, antiabortista, antipluralista, teocéntrica, antiliberal y anticomunista». Por ello, el alcalde deduce que «el programa de gobierno, el plan de desarrollo y mi ideología como alcalde mayor de Bogotá representan la antítesis de la concepción del mundo de Alejandro Ordóñez».

El regidor de Bogotá añade que «el procurador tiene la más íntima convicción de que un buen 'soldado de Cristo' debe combatir con todas las armas posibles la impiedad de la ideología de izquierda que representa el alcalde». En su escrito enumera once puntos sobre la tesis del procurador, para quien Petro representaría «el comunismo ateo».

El alcalde asegura que en síntesis «si las políticas públicas promovidas por un alcalde enemigo de Dios contravienen las normas divinas y el orden natural, es justo desobedecer las normas constitucionales y legales».