«El derecho de reunión no requiere autorización previa»

Santiago Pedraz sabía que le iban a llover las críticas y reproches por no suspender de manera preventiva el acto de los presos de ETA en Durango y se puso la venda antes de la herida. En el auto con el que rechazó la petición de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y Dignidad y Justicia de prohibir el evento, el juez de la Audiencia Nacional aprovechó para hacer pedagogía ante los que ya le acusaban de «autorizar» la reunión en el Café Antzokia.

«Cuando un juez no prohíbe el acto en cuestión, ello no significa que el juez 'consienta', 'autorice' o 'permita' la reunión. El artículo 21 de la Constitución Española ya establece que el derecho de reunión o manifestación no requiere autorización previa. Eso solo acontece en regímenes dictatoriales», se vio en la obligación de recordar el magistrado, «vista la clara repercusión mediática de este tipo de actos y la confusión que ello provoca a la ciudadanía». «El Poder Judicial, llanamente, no está para eso, sino para lo que establece la Constitución», abundó con indisimulado enfado Pedraz.

El juez, en su auto, echó mano de la doctrina del Supremo para defender que, con los datos aportados por las fuerzas de seguridad del Estado y por la Ertzaintza, era legalmente imposible prohibir el acto ante la posibilidad no confirmada de que se produjese un enaltecimiento del terrorismo. «Dada la delgada e incierta línea que separa lo que cae dentro del tipo penal examinado (el enaltecimiento) y lo que forma parte de la libertad de ideología, por rechazables que sean las opiniones en que se sustentan, exige que se trate de una justificación clara y terminante del terrorismo», que según el juez no se daba en el supuesto de Durango.

Con estos mimbres, el magistrado se limitó a ordenar a las diferentes policías que le remitieran informes una vez terminado el evento con todo lo que en ese lugar había acontecido.