Loaiza asegura que la Diputación ha ejercido como «salvavidas» económico de los ayuntamientos

El presidente de la Diputación Provincial de Cádiz, José Loaiza (PP), ha manifestado que el principal problema de la mayoría de los ayuntamientos ha sido el pago de las nóminas y la falta de liquidez. Por ello, la institución ha ejercido como «salvavidas económico» en numerosas ocasiones, pues es «sensible» a esta demanda al ser consciente de que «un ayuntamiento que no paga sus nóminas no puede dedicarse a solucionar los problemas de los vecinos».

En una entrevista concedida a Europa Press, el presidente de la Diputación ha recordado que en 2012 se hizo «un sobreesfuerzo para garantizar liquidez». Así, ejerció de «salvavidas económico con 5,4 millones de euros para ocho ayuntamientos y con otros 2,2 millones de euros del Plan Extraordinario de Ayudas para Anticipos a Municipios para hacer frente a las obligaciones con proveedores y el pago de nóminas».

Ha asegurado que la Diputación «está garantizando que los trabajadores municipales de La Línea, Barbate o Los Barrios cobren cada mes su nómina». También ha firmado un convenio con nueve ayuntamientos para sus deudas de más de 18 millones de euros con Recaudación.

Políticas sociales

Por otro lado, los ayuntamientos también expresan su preocupación por el paro y las políticas sociales. En este sentido, ha apuntado que la Diputación hace frente al desempleo «con inversión pública, formación y planes destinados a la reinserción». Y también «garantiza las políticas sociales adelantando lo que la Junta no paga». «No voy a negar que dar respuesta a estos tres problemas es complicado sin que la Junta ponga de su parte», ha manifestado Loaiza, que señala que en el caso de la liquidez «la Junta no puede ayudar porque, en la práctica, está colapsada por años de despilfarro». Ahí, según dice, «el Gobierno central, con los planes de pagos a proveedores, ha sido providencial». En el caso del paro y las políticas sociales, «la Junta ha paralizado durante la práctica totalidad del año las políticas activas de empleo y es protagonista de escándalos de corrupción con los dineros que iban destinados a los desempleados, mientras que en el caso de política social, los recortes son permanentes». De hecho, «el recortazo de la Junta en la aportación a Diputación de las políticas sociales es de tres millones de euros», ha enfatizado.