Los terrenos que ocupó Visteon siguen sin actividad.
provincia

2013: Cuando la Bahía de Cádiz se iba a transformar en la California europea

Sólo dos empresas de las que abrieron con ayudas del Plan Bahía Competitiva siguen operando en una provincia con 6.000 sociedades menos desde que cerró Delphi

Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Hoy culmina el año. 2013 estaba llamado a ser el último ejercicio de aplicación del Plan para la Mejora de la Competitividad y el Desarrollo de la Bahía de Cádiz. De haberse cumplido algunos de sus objetivos, esta comarca habría consolidado su tejido industrial y sus capacidades productivas se habrían diversificado, abriéndose a espacios como las nuevas tecnologías, las energías renovables; mejorando además su posición internacional y, por tanto, sus posibilidades de negocio en sectores tradicionales como el naval. Todo ello gracias a seis años de esfuerzos, en inversión pública y privada, por convertir de una vez por todas a Cádiz en esa California europea y no sólo por su envidiable clima.

Ésa era la Arcadia feliz que dibujó en su día la Junta de Andalucía cuando presentó en 2007 el llamado Plan Bahía Competitiva como respuesta al cierre de Delphi, que abrió un gigantesco roto en la red productiva de esta comarca gaditana, el cual hoy sigue sin remendarse.

Unas cuarenta páginas componían el texto de presentación de un plan que pretendía ser no sólo la solución de los 1.800 afectados por el desmantelamiento de la factoría -entre plantilla y trabajadores de la empresa auxiliar- sino también la oportunidad que se le brindaba a una zona, que según reza el mismo documento, concentraba más de la mitad del tejido empresarial de la provincia hace seis años.

Hoy se cumpliría ese límite temporal que separaba el antes y el después para la Bahía de Cádiz, pero el resumen de objetivos cumplidos por ese plan abochornan: tan sólo dos empresas de la veintena que llegaron a anunciarse con nombre y apellidos siguen abiertas; si bien una de ellas, Sadiel, está desmantelando su oficina en el parque TecnoBahía de El Puerto para llevársela a Sevilla. Alestis es la otra superviviente, aunque sumida en estos momentos en un concurso de acreedores que acaba de definir el calendario de pago para hacer frente una deuda de 284 millones y con un ERE anunciado, aunque sin ejecutar, que supondría la salida de unos 90 trabajadores.

La muleta de lo público

Tanto Alestis como Sadiel tienen algo en común, la muleta financiera que resulta ser la Junta de Andalucía, la cual está presente en ambas sociedades como accionista a través de la agencia pública IDEA. Es decir, ninguna iniciativa 100% privada, de las que obtuvieron ayudas públicas para asentarse en la Bahía, se ha consolidado.

El Instituto Nacional de Estadística apuntilla esa realidad con el dato frío y numérico del total de empresas que siguen funcionan en la provincia de Cádiz. En 2007, año cero del Plan Bahía Competitiva, operaban 63.338. A 1 de enero de 2013 -último recuento oficial que hace el INE- esa cifra cae a las 57.313 sociedades, seis mil menos. Eso se traduce en un ritmo de destrucción de empresas muy superior al millar por año y sin contabilizar este ejercicio que está a punto de terminar y en el que previsiblemente se confirmará una nueva reducción del músculo empresarial gaditano.

El optimismo que rezumaban los comunicados de prensa de la Administración sobre la evolución que iba teniendo este plan, contrasta con el destino final que ha tenido. En febrero de 2010, cuando se llegaba al ecuador de los plazos programados en ese paquete de actuaciones, la Consejería de Innovación se despachaba con un balance triunfalista que aportaba estas cifras: una inversión industrial superior a los 1.200 millones, 300 millones en ayudas públicas aportados por el Estado y la Junta y la creación de 3.000 puestos de trabajo. Dos meses después se conocían las cifras reales, a través de los proyectos que obtenían respaldo económico público. Se habían creado 708 empleos mediante 90 proyectos. Ni tan siquiera se había podido absorber a los más de 1.800 afectados por el cierre de Delphi.

Un año después, en el verano de 2011, cuando se conoce que la Policía Nacional está investigando el destino final de 21 millones de euros en subvenciones concedidas a unos empresarios que habrían hecho un uso irregular de éstas, se desencadena la vertiente judicial del citado plan, que acabaría siendo absorbido por la agencia IDEA, junto a la estructura que se había creado con Antonio Perales al frente como gerente de la oficina. Así liquidó la Junta el ambicioso plan que iba a resultar todo un revulsivo para la Bahía de Cádiz, sin reconocer ni tan siquiera los nulos resultados que había dado. Hoy en día, Perales sigue defendiendo ante la jueza que investiga el caso, su labor cuando ha declarado en su despacho como imputado.

Pero además del presunto fraude en la concesión de ayudas, que según la Policía Nacional habrían acabado invertidas en productos financieros y paraísos fiscales, o de otras iniciativas que nunca cuajaron; este plan supuso también la inyección de dinero público a proyectos que al poco tiempo desmantelaron sus instalaciones en la Bahía de Cádiz, sin conseguir consolidarse. En este apartado de empresas que obtuvieron respaldo económico y ahora se le reclama la devolución de ayudas está Gadir Solar.

Vinculados con la Gürtel

La empresa recibió más de 25 millones de euros para instalar su planta de fabricación de placas fotovoltaicas en Puerto Real. Y así lo hizo en 2009, pero en 2012 anunciaba que echaba la baraja y dejaba en la calle a 196 trabajadores. El argumento esgrimido fue la caída del negocio de las renovables. Ahora la Administración regional le reclama la devolución de más de 14 millones que percibió en subvenciones.

Esta sociedad es una filial del Grupo Aurentia, dirigido por la familia Narajo, cuyo cabeza de familia Rafael Naranjo junto a su hijo Gonzalo, están implicados en la trama Gürtel.

Recientemente el juez Ruz citaba a Gonzalo y Rafael Naranjo para que aclarara supuestos pago de comisiones en Suiza para la obtención de contratos públicos que habría realizado a miembros de la trama como intermediarios.

Este mismo grupo empresarial estaba detrás de otros proyectos que nunca llegaron a ejecutarse pese a obtener respaldo económico público como la iniciativa para la producción de microalgas (Celulosa Investment) o de combustible mediante este producto alternativo (Gadir Biodiesel).