Desalojan a siete familias de una finca en Santa María

La Asociación de Vecinos del Barrio de Santa María ya había dado la voz de alarma. Siete familias residentes en el número 17 de la calle Mirador llevan años conviviendo entre puntales, con el miedo a que el techo bajo el que residen se caiga o el suelo se desplome. El último aviso lo dieron la semana pasada durante una reunión con la alcaldesa de Cádiz, Teófila Martínez, en la que se habló de las mejoras que se iban a realizar en el barrio. En el encuentro, Martínez se comprometió a seguir aplicando los instrumentos de disciplina urbanística de los que dispone el ente municipal, como el envío de requerimientos de conservación de la seguridad y ornato de los edificios, además de ordenar la realización «de manera inmediata» de un estudio de la situación social de las familias y trasladar este asunto a la Delegación territorial de Vivienda de la Junta de Andalucía y a su delegado en Cádiz, Manuel Cárdenas.

Pero los tiempos se han adelantado a la petición del Ayuntamiento y un informe de la Delegación de Urbanismo ordenó el pasado miércoles desalojar a las siete familias del número 17 de la calle Mirador y precintar toda la finca a excepción del local en uso ubicado en la planta baja. Como suele suceder en este tipo de casos de desalojos inmediatos y como ya se hiciera con los vecinos del número 22 de Adolfo de Castro, las familias fueron trasladadas a las instalaciones residenciales ubicadas en la sexta planta del Hospital San Rafael. Allí acudieron todas menos una familia que ha optado por quedarse en casa de unos parientes. Fuentes municipales explicaron que permanecerán en el recinto hospitalario hasta que se encuentren los recursos necesarios para su realojo.

Desde la Asociación de Vecinos del barrio de Santa María explicaron que la gran mayoría de los vecinos del número 17 de la calle Mirador son personas mayores que llevan mucho tiempo viviendo allí. De momento, las trabajadoras de los Servicios Sociales del Ayuntamiento, a tenor también del requerimiento que se aprobó el jueves pasado en Junta de gobierno Local relativo a la situación urbanística de la finca Mirador y la encomienda de realizar un informe sobre la situación social de estos vecinos, ya han atendido a dichas familias recabando sus datos e informándoles de los pasos a seguir en este tipo de casos.