La Audiencia Nacional anula la designación del hermano de una jefa de Tráfico para una vacante

Los lazos familiares que se entrelazan dentro de las administraciones públicas son más que evidentes. No son anécdotas como tampoco hay comunidad autónoma, departamento dependiente del Estado o ayuntamiento que se libre de ese sistema endogámico en su política de recursos humanos. En algunos casos, la Justicia entra de lleno para cortar de raíz los favoritismos por cuestión de apellido. Para ello, antes ha debido existir una denuncia o demanda previa que impulse el procedimiento y eso ha ocurrido en Cádiz.

La Audiencia Nacional ha confirmado la decisión que acordó en abril la magistrada del juzgado central de lo Contencioso nº 9 que anulaba el proceso de selección para cubrir una vacante en la jefatura provincial de Tráfico en Cádiz. El adjudicatario de esa plaza está bien relacionado: es hermano de una jefa del mismo departamento dependiente de la DGT en Sevilla y ambos son hijos de Andrés Cobos, quien fuera responsable provincial de Tráfico en la provincia hispalense desde los años 80 hasta el año 2000 cuando le llegó la hora de la jubilación.

La sentencia en primera instancia y ahora ratificada por la Audiencia Nacional se basa en la baremación de los candidatos a hacerse con la plaza de investigador en Seguridad Vial en la jefatura gaditana. El vencedor en ese concurso, al que se presentaron catorce funcionarios, fue el candidato que obtuvo la mayor puntuación posible en el apartado que valoraba la experiencia previa en las tareas propias del puesto que se ofertaba.

La impugnación de ese proceso la impulsó el representante del CSIF en la mesa que valoraba a los aspirantes. Según recoge la sentencia dictada en abril, esta persona comprobó que el aspirante mejor puntuado en ese capítulo era un examinador que por razones lógicas no podía desempeñar unas funciones completamente distintas. Sin embargo, ese candidato había presentado un certificado firmado por el anterior jefe provincial, Luis Javier Herrero, en el que se decía que llevaba realizando tareas de investigador desde 2003 pese a su condición de examinador.

Ante la queja del CSIF, la mesa de valoración le pidió al jefe provincial una aclaración y mediante email éste contestó que debido a la baja del titular de la plaza, el adjudicatario había compaginado varias áreas de trabajo. Sin embargo, en lugar de otorgarle una experiencia de siete años, en ese correo electrónico, el exjefe provincial rectifica y asegura que el aspirante lleva trabajando en investigación desde 2011. Ese baile de fechas es fundamental para la jueza; al igual que el jefe de sección de Seguridad Vial desconociera que esa persona estaba trabajando en cuestiones de su competencia.

El procedimiento judicial abierto no ha frenado que el adjudicatario ocupara la plaza. Ahora, el fallo en firme obliga a repetir el proceso de designación.