Modelos y formas de elección para todos los gustos

Mariano Rajoy ha logrado sellar con la renovación del Consejo General del Poder Judicial su primer gran pacto político desde que hace dos años llegó a la Moncloa.

El acuerdo para que el Congreso y el Senado nombren la semana próxima a los 20 vocales del nuevo consejo con el amplísimo respaldo parlamentario del PP, PSOE, IU, PNV y CiU, que suman 95% de las Cortes, ha sido, no obstante, más fruto de los intereses de los implicados que de la convicción de la necesidad de renovar en plazo una de las instituciones más importantes del Estado.

El gran apoyo parlamentario, del que la única formación nacional que se excluirá es Unión Progreso y Democracia, no parece que vaya a conferir al nuevo gobierno de los jueces el plus de deseada independencia política del que carecieron los seis precedentes ya que, al final, el pacto se volvió a lograr después de dos meses de negociaciones a puerta cerrada entre los partidos que terminó con el habitual reparto de cuotas. Aunque los 20 vocales saldrán refrendados con las firmas de las cinco formaciones y en una lista única, nadie ignora que diez de los nombres, los que otorgan la mayoría en el Poder Judicial y serán determinantes en la elección delpresidente del organismo, los ha propuesto el PP, el PSOE avaló a siete, y uno cada uno los otros tres grupos parlamentarios. Esta marca de nacimiento, al menos hasta hoy, siempre ha terminado por reflejarse en el alineamiento en bloques en las votaciones del máximo órgano de gobierno de los jueces, que tiene como principales cometidos los nombramientos de toda la cúpula de los tribunales, los ascensos en la carrera, la inspección de los juzgados, y el régimen disciplinario del tercer poder del Estado, así como la emisión de informes sobre muchas de las leyes impulsadas desde el Ejecutivo.

El PP, que ya había logrado trasladar su mayoría absoluta parlamentaria al Tribunal Constitucional, tenía interés en evitar que la renovación del consejo se eternizase por el bloqueo político, como ocurrió con el actual, que tardó casi dos años en constituirse. Por ese motivo realizó importantes concesiones a la oposición, como no exigir, por ejemplo, la mayoría absoluta -11 vocales- en el pleno del consejo a la que tendría derecho si se trasladaba su hegemonía parlamentaria al organismo judicial.

Sin embargo, su mayor cesión fue renunciar a imponer su propio modelo de Poder Judicial, el que reclama desde casi 30 años. No fue capaz de implantarlo con José María Aznar y ahora figuraba como promesa irrenunciable en la página 177 del programa con que ganó las últimas elecciones. Su fórmula era que los 12 vocales que tienen que proceder de la carrera judicial dejen de ser nombrados por el Parlamento para que los elijan directamente con su voto los 5.000 jueces y magistrados. De hecho, el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró en 2012, en su primera comparecencia parlamentaria tras la victoria en las generales, que ejecutaría el cambio legal para acabar con «las cuotas políticas» y con «un sistema perverso y partidista» para conseguir que los ciudadanos tuvieran «más confianza en la Administración de Justicia», que siempre figura entre las instituciones peor valoradas por la ciudadanía.

Once meses después, el Consejo de Ministros aprobó un anteproyecto de reforma del Consejo del Poder Judicial del que ya se había caído la promesa y que, con algunos retoques, mantenía la elección parlamentaria de la docena de jueces y hacía añicos el programa electoral del PP en este apartado, como en otros.

La 'cláusula Gallardón'

Rajoy y Gallardón habían sucumbido a las presiones de la oposición que, salvo UPyD, defiende que la elección parlamentaria de los 20 vocales, con todas sus deficiencias, es el mejor procedimiento porque otorga a los miembros de este poder del Estado la legitimidad de la designación por la soberanía popular y evita un consejo en manos del corporativismo de un colectivo profesional. Socialistas, nacionalistas e IU amenazaron con boicotear el acuerdo de renovación si se introducían cambios en la fórmula de elección.

El PSOE también ha hecho cesiones importantes, como negociar pese a tener denunciado por inconstitucional el nuevo diseño popular del Poder Judicial. No obstante, la principal concesión fue aparcar la ruptura de relaciones con el Gobierno que este verano decretó Alfredo Pérez Rubalcaba tras negarse Rajoy a dimitir en asunción de responsabilidades políticas por el 'caso Bárcenas'. Fue la única excepción. La voladura de todos los puentes de entendimiento con el Gobierno rompió el acuerdo para aprobar con el PP la ley de transparencia y ha impedido hablar sobre el paquete de medidas contra la corrupción que el Ejecutivo llevó al Congreso hace dos meses.

Los socialistas hablan de excepción por responsabilidad institucional, pero lo cierto es que corrían el riesgo de verse fuera del consejo durante cinco años. Gallardón introdujo en su reforma una cláusula antibloqueo que permitía constituir el nuevo consejo solo con la designación de los diez vocales propuestos por una Cámara más los otros diez del actual órgano en funciones. El PP no alcanza en el Congreso los tres quintos necesarios para los nombramientos, pero en el Senado sí. El Gobierno, sabedor del gran desgaste político que le hubiese supuesto abrir esta puerta trasera, dejó el mecanismo aparcado, pero siempre ha sido la espada de Damocles de la negociación.

Los nacionalistas catalanes y vascos no fallan nunca en estos acuerdos, que les han garantizado casi siempre un asiento a cada partido en el pleno de la institución. IU puso como única condición para entrar que el puesto que cree que le corresponde en el gobierno de la judicatura por su peso parlamentario no fuera una amable cesión de uno de los partidos mayoritarios. Una llamada de última hora de Gallardón a Cayo Lara satisfizo el trámite.

¿Jueces o diputados?

La renuncia del PP a cambiar el sistema de elección del consejo ha desatado las iras de muchos jueces y de sus principales asociaciones que, como UPyD, denuncian que el Parlamento va consumar un nuevo desembarco político durante cinco años en el Poder Judicial. Pese a ello, lo cierto es que la democracia española ha experimentado ya con cuatro fórmulas distintas de elección de los vocales y ninguna ha logrado alejar de la institución la imagen de politización.

El primer consejo de la democracia cubrió sus doce plazas judiciales por elección directa de los miembros de la carrera. El resultado fue que la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura copó el pleno. Felipe González, en 1985, giró 180 grados y el segundo consejo eligió a sus 20 miembros por elección directa de los parlamentarios. Ahí comenzaron las acusaciones de correa de transmisión de los partidos.

En 2001, por un pacto entre PP, PSOE, IU y los nacionalistas, la elección parlamentaria se dulcificó. Las cámaras eligieron a los doce vocales de la carrera judicial de entre 36 aspirantes que proponían las asociaciones profesionales o eran respaldados por más de 100 avales de jueces. Al final, solo hubo un independiente y los elegidos acabaron siendo personas ideológicamente afines a los partidos.

Para esta última elección, Gallardón introdujo cambios en la ley con el supuesto objetivo de aumentar la independencia de los vocales. Los grupos parlamentarios tenían que hacer sus nombramientos sobre una lista de aspirantes, que no podía superar los 60 candidatos, y en la que el número de avales se rebajaba a 25 para facilitar la entrada de jueces no asociados, que son más de la mitad de la plantilla. Sin embargo, las designaciones volverán a responder a cuotas de partido, la mayor parte de los elegidos serán miembros de asociaciones o juristas son sesgo ideológico, y los pocos no asociados con vocalía no serán los que más avales recibieron.

Expertos constitucionalistas como Manuel Gerpe o Miguel Ángel Cabellos creen que los defectos de funcionamiento del Poder Judicial «son en muy buena parte atribuibles no al modelo en sí (que en Italia funciona) sino a la forma como los partidos lo han puesto en práctica en cada ocasión».

Esta opinión es incluso compartida por la diputada de CiU Mercé Pigem, uno de los nuevos vocales del consejo por el cupo de juristas de reconocido prestigio. «No cambie la fórmula. Es más culpa nuestra, y sobre todo de los grandes partidos, que del sistema», le dijo la diputada catalana a Gallardón el 25 de enero de 2012 en el Congreso.

La forma de organizar en el mundo el gobierno de los jueces tiene modelos para todos los gustos y, además, en cada uno de ellos con composiciones y sistemas de elección totalmente distintos, bien sean puros o mestizos. Las formas más extendidas son tres. La primera es la fórmula de Estados Unidos, exportada con variaciones a países como Costa Rica, Panamá o Chile. Es el propio máximo órgano judicial federal o estatal, el Tribunal Supremo, el que también gobierna los tribunales. La forma de elección puede ser por voto popular, por el Ejecutivo o el Parlamento, o por una mezcla de ellos.

El segundo, utilizado en varios países europeos como Alemania o Gran Bretaña, es un órgano de gobierno y administración de los jueces, pero dependiente del Ministerio de Justicia o de los responsables de los 'lander' en el caso alemán, que nombran a sus miembros.

El tercero, el español, es el de un consejo colegiado y formalmente autónomo del resto de poderes públicos, destinado a garantizar la independencia de los tribunales e integrado fundamentalmente por jueces y juristas. Sigue los formatos marcados en la postguerra mundial por los Consejos de la Magistratura de Italia y Francia, pero hay todo tipo de sistemas de elección puros -parlamentario, carrera, gubernamental- o mezcla de varios.

De hecho, los consejos judiciales de Francia e Italia están encabezados por los respectivos presidentes de la república e integran a los ministros de Justicia o sus representantes.