La Fiscalía rechaza imputar a la infanta sin esperar a los informes de Hacienda

El juez José Castro «se quedó de piedra» cuando ayer su examigo el fiscal Pedro Horrach se presentó en su despacho para entregarle en persona un informe de 27 páginas en el que rechaza de manera categórica imputar a la infanta Cristina, según explicaron personas de su círculo. Horrach, que hasta hace solo unos días no descartaba permitir la nueva citación de la duquesa, reclama ahora apartar para siempre a la hija del Rey del 'caso Nóos'.

El fiscal tomó la iniciativa sin siquiera saber si el juez finalmente va a acusar a la duquesa de Palma y, sobre todo, sin esperar a que la Agencia Tributaria y la Policía entreguen los tres informes claves reclamados por el magistrado para aclarar si Cristina de Borbón participó de manera activa en el fraude fiscal o blanqueo de capitales atribuido a su marido, Iñaki Urdangarin.

La presentación de este 'informe preventivo', como lo denominaron en los juzgados de Palma, fue una sorpresa mayúscula, ya que Anticorrupción sabía, porque el juez lo anunció en un auto, que una vez que tuviera en su poder los últimos informes iba a dar traslado a las partes de los documentos y a preguntarles si, a la vista de esos datos, apoyaban o no la citación como imputada de la infanta. Horrach no quiso esperar y, en una maniobra inusual, aunque legal, se anticipó a la consulta y presentó su alegato a favor de Cristina de Borbón, en el que tacha de «meras conjeturas o sospechas» los indicios contra la hija del Rey.

La presentación del escrito -explicaron fuentes de los juzgados de Palma- no «va a marcar la agenda» del magistrado, quien sigue con su idea de consultar a las partes y, llegado el momento, de citar a la infanta como imputada si ve indicios suficientes. Según las mismas fuentes, Castro, si finalmente decide llamar a declarar a la duquesa, esta vez no va a suspender el interrogatorio aunque se lo pida el fiscal, cosa que sí hizo la pasada primavera.

«Especulaciones»

Anticorrupción, en el documento que la Fiscalía General del Estado hizo público solo unos minutos después de que Horrach saliera del despacho de Castro, sostiene que en los más de 30.000 folios que componen el sumario hay una «inexistencia absoluta de indicios de criminalidad» de la hija menor del Rey.

Para el Ministerio Público no hay la más «mínima apariencia delictiva» en los hechos narrados en los informes policiales y de Hacienda, pese a que revelan que la infanta tenía acceso a las cuentas de Aizoon donde se desvió supuestamente dinero público o importantes cantidades de origen desconocido. También indican que recibía cada semana desde las arcas de Aizoon pagos de entre 600 y 700 euros; que usó la tarjeta Visa de la empresa ficticia para pagar durante siete años gastos personales; que participó en todas las reuniones de la Junta General Ordinaria de esa mercantil; y que giró facturas contra esa firma como si fuera un proveedor externo. Los mismos documentos dicen que Aizoon le pagó cursos laborales; que firmó autoalquileres ficticios; que fue miembro de la directiva del Instituto Nóos; que recibió directamente a su nombre dinero procedente de Nóos Consultoría; o que el matrimonio uso el dinero de esa sociedad fantasma para reformar su mansión de Pedralbes.

Ninguno de los hechos, dice Horrach, «constituyen elementos válidos de imputación». Es más, las actividades que relatan los documentos no hacen merecedora a la infanta si quiera de la condición de «cooperadora» de los «delitos fiscales cometidos por su marido». La Fiscalía orilla los informes e insiste en que el hecho de que doña Cristina fuera mero «socio no administrador» de Aizoon no basta para imputarla.

Lo único que admite el Ministerio Público es que Cristina de Borbón sea responsable civil a título lucrativo de los delitos fiscales de su esposo. Horrach insiste en que no se puede acusar a la infanta de blanquear el dinero obtenido por Urdangarin porque tampoco hay pruebas que ella tuviera constancia del origen ilícito de la fortuna. Es más, según el fiscal, la investigación ha descartado que la infanta «conociese los presuntos delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, tráfico de influencias, receptación, falsedades documentales y delitos contra la Hacienda Pública que son objeto de imputación a su cónyuge». En su opinión, cualquier insinuación de que la duquesa debía tener constancia de las actividades de Urdangarin son «especulaciones huérfanas de sostén indiciario» que solo «tendrían cabida en el ámbito de la rumorología». Miquel Roca, abogado de la infanta, aseguró que no ve nada extraño en el escrito del fiscal. «Me parece todo correcto, la Justicia dirá», comentó.