Unas cuentas sujetas a las consecuencias de la reforma de la administración local

Un Ayuntamiento, como una casa de familia, es un ente vivo, cambiante, sujeto a imprevistos. Por eso hay que estar preparados para salvar cualquier contingencia que pueda desequilibrar la frágil economía que los sostiene en la actualidad.

A la hora de elaborar los presupuestos, los técnicos de Hacienda del Consistorio gaditano habrán hecho las cuentas teniendo en cuenta los compromisos, circunstancias, necesidades y legislación actual. Anticiparse a posibles cambios que no se sabe cuándo se producirán es pillarse los dedos. Es lo que pasa justo ahora, cuando el Gobierno central está tramitando la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración local. Se prevé que entre en vigor en marzo y con ella se produzca un traspaso de competencias a otras administraciones, especialmente a la Junta de Andalucía, que, entre otras, se deberá hacer cargo de los Servicios Sociales, justo el área que se lleva la mayor parte del presupuesto gaditano. Aunque también hay que decir que el Ayuntamiento gaditano recibe un importante aporte económico por parte de la administración autonómica para subvencionar, en parte, los programas que dependen de los planes concertados. También eso dejará de entrar en las arcas municipales cuando este reparto de competencias sea efectivo.

En ese sentido hay que señalar que cuando el Ayuntamiento de Cádiz se adhirió al tercer Plan de Pago a Proveedores puesto en marcha por el Gobierno de Mariano Rajoy se concertaron unos préstamos bancarios que se van a sufragar, entre otras cosas, con un importante ahorro, que rondaría los dos millones de euros, en Asuntos Sociales. Ésa al menos es la previsión. Este ahorro sólo se explicaría dejando de prestar algunos servicios o recortando en ayudas. Si Teófila Martínez y su equipo vienen sosteniendo que las ayudas se van a mantener e incluso aumentar, la explicación a ese ahorro previsto sólo puede obtenerse mirando ya a esa reforma de la Administración local y a las competencias que se van dejar de asumir, con la disminución del gasto que esto conlleva.

Cuando la nueva ley entre en vigor -ahora el Senado está estudiando las enmiendas que se han presentado a la misma, que son muchas- otro de los ahorros que traerá consigo será la reducción del número de concejales, de ediles con dedicación exclusiva y de cargos de confianza. En este caso Cádiz se verá afectada, a partir de las Municipales de 2015, por una reducción de la Corporación, pero no tendrá que bajar el número de liberados, ya que en el Ayuntamiento están por debajo del límite permitido.