A Delphi le crecen las dudas

El PP ha reabierto una vieja polémica, más bien una herida, sobre la tramitación tanto de las ayudas públicas que recibió el colectivo Delphi por parte de la Junta como de la inclusión de intrusos en su regulación de empleo entre 2007 y 2009. La vicesecretaria de Territorio, Medio Ambiente y Asuntos Europeos del PP en Andalucía, Alicia Martínez, destapó el jueves la caja de los truenos al reclamar a la instructora del caso de los ERE falsos, la jueza Mercedes Alaya, que requiera a la Administración los acuerdos de los consejos de gobierno de julio y diciembre de 2011, respectivamente, donde, según el PP, se autorizaron ayudas al colectivo Delphi con informes desfavorables por valor de 126 millones de euros,. El PP sostiene que este dinero sirvió para garantizar la paz social. Los reproches han subido un escalón al aludir de nuevo a que en la regulación de empleo practicada tras el cierre de Delphi se colaron algunos intrusos.

El delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, aseguró ayer que es «absolutamente falso que existan irregularidades y que se aprobaran pólizas con informe negativo de la Intervención» en el expediente de regulación de empleo (ERE) de Delphi. Así se lo han transmitido los diferentes consejeros desde el Gobierno andaluz. Aclaró que desde la Junta entienden que «las pólizas están desarrolladas con informes favorables» y negó las acusaciones del PP.

López Gil indicó que «cada una de las pólizas de la Junta en cualquier ERE que hemos desarrollado han sido no sólo analizadas, sino pasadas por microscopio, y en este caso no existe ningún problema en el ERE de Delphi. Existen otros problemas, pero no el de las pólizas».

Por su parte, representantes sindicales del colectivo de trabajadores afectados por el cierre de Delphi manifestaron ayer que «no les consta» que hubiera intrusos en el expediente de regulación de empleo aprobado en su día. El colectivo insta tanto a PP como al PSOE a «aclararse entre ellos con temas de dinero y otras cuestiones que se escapan a los trabajadores» y no les «perjudiquen otra vez sacando el nombre de Delphi ligado a intrusos y si hubo aval o no de la Intervención en las ayudas».

Sobre la supuesta inclusión de siete personas que no deberían figurar en la lista de prejubilados a las que aludía este jueves el PP, insisten en que «no les consta» y hacen una llamada de atención subrayando que «al referirse hoy a Delphi están hablando de casi 500 padres de familias que están prácticamente tirados en la calle». El colectivo se concentrará el lunes en la plaza de España, en Cádiz, ante la sede de la Delegación del Gobierno de la Junta y el miércoles mantendrá una reunión en Sevilla con representantes del Gobierno regional para buscar una solución al conflicto.