La Audiencia Nacional excarcela al maestro de Parot

El jefe de ETA que ejerció de maestro de Henry Parot en el manejo de explosivos; aquel que facilitó material para cometer sus atentados a quien años después dio nombre a una doctrina judicial, derrumbada ahora por Estrasburgo, era excarcelado ayer de Puerto I. La Audiencia Nacional ordenaba la inmediata puesta en libertad de Isidro María Garalde, 'Mamarru', en aplicación de la sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra la doctrina Parot. Su salida del centro penitenciario portuense se produjo sobre las ocho de la tarde. Una nube de fotógrafos y cámaras recibieron al exetarra en contraste con los pocos familiares, apenas tres personas, que recibieron a este histórico de la banda.

No hubo exaltaciones abertzales ni símbolos a favor de los presos etarras. Fue una salida que rozó la discreción, como la de cualquier preso común, si no hubiera sido por la numerosa presencia de periodistas.

'Mamarru', que fue detenido en Francia en 1985, había sido condenado a 169 años de prisión. En 2010, cuando llevaba 25 años entre rejas y se preveía su salida, la Justicia española le aplicó la doctrina Parot que prolongó su puesta en libertad hasta 2020. La decisión de la Audiencia Nacional, sustentada en la sentencia de Estrasburgo, acorta ese plazo en siete años para quien llegara a ser número 3 de la organización y jefe del aparato logístico entre los años 70 y la fecha de su detención.

Histórico de la banda

Su nombre forma parte de la historia sangrienta que escribieron otros coetáneos suyos en la banda como Josu Ternera o Francisco Mújika 'Pakito' durante una etapa de acciones muy violentas de ETA. Muy próximo a la figura del máximo dirigente de ETA, el histórico Txomin Iturbe -muerto en 1987 en un accidente en Argel- fue extraditado en 1992 por Francia.

Dos son las condenas que la Audiencia Nacional le impuso a este exdirigente de 62 años. Una de 20 años por adiestrar a Parot en el uso de granadas que después pondría en práctica el sangriento etarra contra un autobús militar en en Barcelona, en 1982. A esta pena se le sumaría una segunda de 149 años de cárcel por ordenarle que atentara contra un teniente general que salió con vida, pero la acción terrorista se saldó con tres muertos en mayo de 1980.

Familiares y colectivos proetarras pusieron su nombre en la lista de miembros de la banda que debían haber sido excarcelados por razones de salud a raíz del caso Bolinaga en 2012. En 2006 sufrió un infarto en la prisión de Albolote (Granada).

La salida de 'Mamarru' es la segunda que se produce en la provincia gaditana desde el pronunciamiento de Estrasburgo. A finales de octubre, prácticamente al mismo tiempo que lo hacía Inés del Río, quedaba libre en la prisión de Botafuegos (Algeciras) Juan Manuel Píriz López. En 1985 había sido condenado a 61 años y dos días de cárcel por integración en organización terrorista, tenencia ilícita de armas, atentado y el asesinato en 1984 del exmilitante de ETA Mikel Solaun Angulo, que había avisado a la policía de un atentado inminente de la organización criminal. Si no le hubieran aplicado la doctrina habría sido liberado en 2009. Su puesta en libertad si no hubiera mediado el fallo del Tribunal europeo habría sido el año próximo.

Las prisiones gaditanas han jugado un papel clave en la lucha antiterrorista como destino tradicional de gran parte de los terroristas de ETA dada su lejanía con el País Vasco y provincias limítrofes. Cuando en el anterior gobierno socialista, el ministro del Interior Pérez Rubalcaba puso en funcionamiento la llamada vía Nanclares para ir acercando a aquellos presos que mostraban su voluntad de abandonar las directrices de la banda, las cárceles de El Puerto y otros centros andaluces sirvieron para trasladar a aquellos miembros de la banda que seguían fieles a la banda.

La Audiencia Nacional ordenaba ayer la puesta en libertad inmediata de Mamarru y otros ocho etarras como Domingo Troitiño, el jefe del 'comando Barcelona' que en 1987 asesinó a 21 personas con el estallido de un coche bomba en Hipercor. Éste salía de la prisión de Teixeiro (La Coruña) cuatro años antes de la fecha que tenía fijada.

La excarcelación colectiva de terroristas, la primera que se produce desde el goteo iniciado tras el fallo europeo favorable a las tesis de Inés del Río, fue el colofón de un intenso debate, de más de cuatro horas de duración, entre los 17 magistrados de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que acabó con el tribunal completamente dividido sobre la postura a tomar ante los once recursos de etarras que tenían sobre la mesa y en los que pedían su libertad.

Magistrados divididos

Con un empate de ocho magistrados a favor y ocho en contra de las excarcelaciones, fue el propio presidente de la sala, Fernando Grande-Marlaska, quien desequilibró el resultado al ponerse de parte de quienes defendían que las nueve liberaciones se tenían que producir ya porque se trataba de casos «idénticos» al que llevó a la corte europea a dar la razón a Del Río. Dos de los recursos fueron rechazados. El de Juan Andrés Urkizu porque lo va a solucionar el Constitucional, y el de Raúl Ibáñez porque su situación no está tan clara como las demás.

La mayoría, al final, no atendió los argumentos de los otros ocho magistrados que, sin quitarles de entrada la razón, pidieron, al igual que hizo días antes la Fiscalía, que congelasen la decisión en espera del resultado del pleno que la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo celebrará el martes para analizar el fallo de Estrasburgo y en el que debería determinar qué efectos concretos debe desplegar la sentencia sobre los reclusos a los que se les aplicó la doctrina Parot, criterio que debería ser la pauta a seguir por el resto de jueces españoles.