Los sindicatos, pieza clave para facilitar el negocio de los ERE

Los últimos pasos de la juez instructora de los ERE aclaran algo la actuación de los sindicatos en la trama. Los atestados policiales y los testimonios de los implicados les sitúan como la «fuente de información» para facilitar que las entidades mediadoras que tramitaban las prejubilaciones participaran en los reajustes de plantilla y por tanto obtener las subvenciones de la Junta, como consta en el auto judicial que ordena las detenciones del pasado martes. De esta manera, concluye la juez, «además de las cuotas de afiliados y las subvenciones pública», los sindicatos encontraron ahí «durante una década otra forma de financiación irregular».

En este sentido, el último atestado policial subraya que los sindicatos «son la llave para que se lleve a cabo el ERE, y sin su anuencia no es posible el lucrativo negocio». Y vuelve a sacar a colación cómo los sindicatos se valieron de facturas falsas para desviar fondos de la administración. Y destaca cómo UGT y una de las mediadoras pactaron hacer una factura por el importe correspondiente al salario de una liberada sindical, o cómo se camuflaron como «labores de asesoramiento» pagos para costear manifestaciones y asambleas contra el cierre de empresas.

En el epicentro de la trama se sitúa el exsindicalista y conseguidor Juan Lanzas, encarcelado desde marzo por apoderarse de más de 13 millones de euros en sobrecomisiones y una de las piezas fundamentales de la trama. Algunos imputados desvelan cómo se jactaba de que «no trabajaba solo» y de que sus altos honorarios servían para «pagar favores» a quienes concedían las subvenciones.

Lanzas, que ejerció de secretario de la federación de alimentación, dejó la actividad sindical en 2002, pero UGT Andalucía reconoce que pagó cuotas hasta 2011 y fue expulsado a finales de ese año, aunque su nombre no se borró del archivo de afiliados hasta días después de su encarcelación.