La deuda se come el gasto público

Los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2014 certifican que la era de los grandes ajustes ha acabado. Tras un lustro de medidas dolorosas, las cuentas denotan un esfuerzo del Gobierno por conjugar austeridad y crecimiento e introducir tímidos incentivos en la economía. Los ministros repiten desde el verano que la recesión se acaba y que el crecimiento es inminente, pero los motivos para el optimismo son escasos: desde 2008 la crisis arrasó buena parte del gasto destinado a estimular la actividad y a garantizar el bienestar social, dinero que ha ido sobre todo a pagar los intereses de la deuda.

Si hubiera que elegir un paisaje para describir el estado actual de la economía española, quizá el más apropiado sería un bosque asolado por un incendio reciente. No parece probable que la estampa pueda degradarse más, incluso se detectan brotes verdes que a la larga y con los cuidados adecuados podrían regenerar el terreno, pero aún con las mejores políticas recuperar todo lo perdido costará varias décadas... si es que llega a recobrarse. El análisis de la evolución del presupuesto de gasto desde 2008 -año en que la crisis llegó a España- muestra cómo la partida destinada a pagar los gastos financieros, es decir los intereses de la deuda pública, se ha más que duplicado.

En paralelo casi se triplicó la deuda en circulación (del 36,3% respecto al Producto Interior Bruto a cierre de 2007 escaló al 92,6% actual) y han perdido peso los fondos dedicados a inversión generadora de empleo, gastos corrientes en bienes y servicios y gastos de personal. El próximo año puede romper esa dinámica, pues el Gobierno espera una caída del 5,2% en la partida destinada a intereses hasta los 36.590 millones.

Entre 2008 y 2013 el gasto total del Estado creció un 16%. Eso en términos absolutos, pues el incremento real (descontada la inflación) sería menor. Lo llamativo es cómo ha cambiado la distribución de ese desembolso. Si en 2008 España destinaba 16.631 millones (el 8,2% del total) a gastos financieros, en 2013 esa factura se dispara ahora a 38.615 millones, el 16,4% de los pagos.

Una deriva que se ha mantenido estos seis años a costa de recortar otras partidas y que el Gobierno atribuye al aumento de la necesidad de endeudamiento derivada de la crisis, además de los efectos de instrumentos como el Fondo de Amortización del Déficit Eléctrico, el Fondo de Pago a Proveedores, la parte asignada a España de los rescates de Grecia y Portugal y la línea de crédito para recapitalizar la banca.

Sanidad y educación

En paralelo han perdido peso relativo otras partidas. El gasto corriente en bienes y servicios pasó de sumar 3.562,20 millones en 2008 (el 1,8% del presupuesto) a sólo 2.856 millones en 2013 (el 1,2%), y ello pese a las subidas de precios de estos años. Las transferencias corrientes a comunidades autónomas -que gestionan la sanidad, educación y dependencia- y entidades locales cayeron desde los 83.452,87 millones de 2008 (cuando eran el 41,3% del gasto) hasta 81.752,70 millones seis años después y han pasado a ser el 34,7% del conjunto de pagos.

Los datos de inversión también ilustran la devastación padecida. Si en 2008 el Gobierno destinaba a inversiones reales 10.561,37 millones (el 5,2% del presupuesto), para 2013 esa cifra se había hundido un 63%, hasta 3.910,28 millones (el 1,7%). El mayor tijeretazo anual a la inversión, del 38,3%, se aplicó en 2011. Los gastos de personal activo de la administración cayeron tanto en términos absolutos como relativos. Si en 2008 el Estado gastaba en nóminas de sus empleados 16.560,59 millones (el 8,2% del total), en 2012 esa partida había bajado a 16.481 millones (el 7,7%) y en 2013 -año de la supresión de la paga extra de los funcionarios- se redujo a 15.848 millones (6,7% del total).

Conviene recordar que los salarios públicos suman ya cuatro años de congelaciones, además de una rebaja de entre el 5% y el 7% aplicada en 2010. Asimismo, el Gobierno ha limitado la reposición de los empleados jubilados y ha recortado los contratos eventuales. Mientras, el gasto agregado de personal (incluidos activos y clases pasivas) pasó de suponer en 2008 el 12,5% de los pagos a descender al 11,7% en 2013.