La nueva Ley de Costas abre una puerta para el rescate del Molino

Hay trámites burocráticos que no por necesarios dejan de ser peligrosos. Son precisamente esos procedimientos administrativos los que han llevado a una histórica construcción situada en pleno Parque Natural de la Bahía de Cádiz, dentro del término municipal de la capital, a una situación que hace temer por su pervivencia. Se trata del Molino de Mareas del Río Arillo, un edificio en evidente mal estado que lleva enfrentando durante años al Ayuntamiento de Cádiz con el Ministerio de Medio Ambiente.

Ahora, por fin parece que hay una opción clara para poder actuar en la rehabilitación de una construcción que no puede esperar más. No se trata sólo de darle un contenido, sino que de esa actuación rehabilitadora depende evitar que el Molino se termine cayendo y desaparezca para siempre. La nueva Ley de Costas permite al Ayuntamiento de Cádiz acceder a la concesión del edificio, aunque para ello tendrá que esperar a que el Ministerio se la otorgue, algo que lleva años esperando y que se encuentra además con el obstáculo de que su antiguo dueño, la empresa Unión Salinera, también habría mostrado su interés por hacerse con esta concesión. Esta opción se presenta como fundamental, puesto que en los últimos años ha sido el Ayuntamiento la única administración que se ha mostrado decidida a ejecutar la actuación necesaria para rehabilitar el Molino del Río Arillo.

Desde la Subdelegación del Gobierno de Cádiz se asegura que el Ministerio de Medio Ambiente, y más concretamente la Demarcación de Costas de Andalucía-Atlántico, está dispuesta a colaborar en todo lo que sea necesario. No obstante, la clave de toda la operación pasa porque el Ayuntamiento consiga recuperar una concesión que le fue arrebata por la justicia después de que el Gobierno local hubiera iniciado la expropiación de los terrenos en los que se sitúa el Molino de Mareas debido al mal estado en que se encontraba el mismo. Fue el Tribunal Superior de Justicia el que decidió, a instancias de un recurso de la Demarcación de Costas, cuando estaba en manos del Gobierno anterior, que la propiedad, al estar en Dominio Público Marítimo Terrestre, debía pasar a manos del Estado.

Proyecto

Con esta sentencia quedaron paralizados los planes ya en marcha para rehabilitar el Molino. El Ayuntamiento incluso quiso ceder de forma gratuita el proyecto ya redactado por los arquitectos municipales, pero este nunca salió del cajón porque «el Gobierno de Zapatero nos dijo que iban a encargar uno propio a un equipo de arquitectos», explica Teófila Martínez. Lo que está claro ahora es que el Ayuntamiento mantiene su interés por hacer efectiva la opción que el cambio legislativo pone de nuevo sobre la mesa. La alcaldesa de Cádiz confía en que por fin la concesión pase a manos del Ayuntamiento para empezar a actuar. Sobre su uso futuro, sólo tiene claro que «debe ser algo que puedan aprovechar los ciudadanos».