UN PACTO, MUCHAS LECTURAS

Objetivo cumplido. Alfredo Pérez Rubalcaba logró unir ayer a todos los líderes territoriales del PSOE, con sus distintas sensibilidades, en torno a una misma propuesta para la reforma del Estado autonómico. No habrá, al menos en el corto plazo, divorcio con el PSC. Y, siquiera verbalmente, el partido asume que España debe avanzar hacia formas de relación y funcionamiento interno propias de modelos federales. Tras la foto de la unidad persisten, aun así, discrepancias sin resolver en las que ayer nadie quiso entrar. «El problema de fondo era encontrar un modelo compartido -adujo el líder de la oposición- y lo hemos hecho».

El texto aprobado en Granada bajo el lema 'La España de todos' nació, efectivamente, con la idea de embridar uno de los problemas políticos más gravosos para la estabilidad institucional del país, el desapego creciente de los catalanes y el auge del independentismo. Se trataba de ofrecer un banderín de enganche al PSC para defender que Cataluña y el resto de España pueden y deben «seguir juntos», pero para lograrlo el PSOE se ha amparado en la indefinición.

«Este texto permite diecinueve discursos diferentes», admitía tras el encuentro uno de los dirigentes territoriales con más peso político.Y así fue. El primer secretario del PSC se vanaglorió de haber sido capaz de amarrar el grueso de sus exigencias: el reconocimiento de las singularidades; la definición de un marco de financiación en el que se recojan los principios de suficiencia, solidaridad y justicia, incluida la ordinalidad -es decir, que ninguna comunidad vea alterada su posición en el ranking de recursos per cápita una vez aplicados los mecanismos de nivelación-; la distinción clara de competencias; y la conversión del Senado en una auténtica cámara de representación territorial.

Otros, como el extremeño Guillermo Fernández Vara, hacen hincapié en los matices a cada una de estas premisas. El propio Rubalcaba advirtió de que «derecho a la diferencia no significa diferencia de derechos». Puso el foco sobre uno de los contrapesos a cualquier límite a la solidaridad entre territorios -la apuesta porque la Constitución garantice un Estado de bienestar mínimo y homogéneo en toda España- y admitió que no hay una posición clara sobre quién debe formar parte del Senado, si los Gobiernos autonómicos, como en el Bundesrat alemán (esa era la propuesta catalana), miembros de las asambleas regionales, representantes elegidos por sufragio, o una mezcla.

Los socialistas proponen además cosas que, en cierta medida, se asemejan a planteamientos hechos en el pasado por el Partido Popular, pero su interpretación de lo que implican es bien distinta según a quién se pregunte. Aunque en aras del consenso no abogan, finalmente, por eliminar el artículo 150.2 de la Carta Magna -el que permite al Estado delegar o transferir competencias exclusivas a las comunidades autónomas- sí se inclinan por que la carta Magna recoja solo las competencias indelegables del Estado. Para algunos, eso blinda al Estado, para otros favorece a las autonomías.

Tampoco casa con la de Rubalcaba la lectura que el líder de los socialistas catalanes hace de este párrafo en la propuesta de reforma constitucional: «La referencia expresa a cada comunidad serviría para que estas quedasen identificadas con la denominación por ellas elegidas en sus estatutos». Navarro defiende que eso es tanto como reconocer que Cataluña es un «nación». El secretario general del PSOE remite, en cambio, a la sentencia del Tribunal Constitucional en la que se decía que «carecen de eficacia jurídica interpretativa las referencias del Preámbulo del Estatuto a Cataluña como nación y a la realidad nacional de Cataluña».

Mandato electoral

Pero quizá lo más relevante es que el esfuerzo realizado a lo largo de seis meses de intensas negociaciones ni siquiera ha servido para resolver la discrepancia de origen con el socialismo catalán. Navarro dejó claro que no por suscribir el pacto de Granada se apea de su defensa del «derecho a decidir». Dicho de otra manera: que seguirá luchando porque Cataluña pueda celebrar un referéndum sobre la indepedencia. Lo que le distingue de CiU y ERC es que él defiende que sea «legal y pactado» con el Ejecutivo central. «Cataluña ya ha hecho un mandato», alegó en referencia al resultado de las últimas elecciones autonómicas, en el que los partidarios de la independencia obtuvieron mayoría.

Aun así, la mayor parte de los barones se mostraron convencidos, con alguna salvedad, de que el ambiguo acuerdo territorial servirá para pacificar el partido en un terreno que siempre le ha resultado espinoso. Navarro defendió que al menos él y Rubalcaba han sido capaces de poner una solución, en forma de reforma constitucional, sobre la mesa mientras que el presidente de la Generalitat, Artur Mas, no ha pasado de anunciar que enviará una carta al jefe del Ejecutivo, Mariano Rajoy. Es más, el primer secretario del PSC habló de «día histórico».

Rubalcaba, además, se mostró confiado en que el documento ayude a refrenar no solo el separatismo sino también las «ansias recentralizadoras» que, según los sondeos del CIS, han calado con fuerza en un amplio porcentaje de la población española. Su tesis es que el refuerzo de la lealtad institucional, a través de órganos de cooperación (y ahí entra de nuevo un Senado auténticamente territorial), puede servir para resolver «buena parte de este follón que muchos ciudadanos ven en el Estado de las autonomías».

«El Estado de las autonomías tiene que evolucionar -reza a su vez el manifiesto aprobado en el Consejo Territorial-, tiene que actualizarse y perfeccionarse y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo con todas sus consecuencias. Este no es sólo el camino lógico y constructivo; es también el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España».

El líder de la oposición dejó claro que, en todo caso, solo pretende sentar las bases para un acuerdo constitucional «tan amplio como el del 78». Y, frente a los escépticos con las posibilidades de que el PP se avenga a discutirlo, recordó que también hace diez años, cuando el PSOE aprobó su documento por una 'España plural', el hoy partido gubernamental lo rechazó y ahora el propio Rajoy se ha adueñado de la expresión.