Rubalcaba reúne a seis barones para sofocar el conflicto por el cupo vasco

«No vamos a entrar en un debate sobre la financiación». Alfredo Pérez Rubalcaba se mostró ayer tajante. En cuestión de días, y con el Consejo Territorial del partido a la vuelta de la esquina, le ha estallado en las manos un problema con el que no contaba, la exigencia de varias federaciones socialistas para que vascos y navarros aporten al Estado más de lo que pagan. Y quiere cerrarlo cuanto antes. El viernes llamó a a los barones que forman parte de la ejecutiva para convocarles a un almuerzo en la sede de Ferraz y, según fuentes del encuentro, el mensaje fue unánime: «No nos creemos conflictos de forma gratuita».

La dirección socialista creía haber dado cabida a las propuestas contenidas en los documentos de trabajo presentados por Andalucía, Asturias, Cataluña, Comunidad Valenciana y Madrid para su cónclave del 6 de julio con una frase de compromiso, sencilla y escueta: «Las instituciones del Concierto y el Convenio del País Vasco y Navarra deben seguir manteniendo su reconocimiento constitucional, sin perjuicio de perfeccionar algunas de sus deficiencias en su aplicación práctica». Hasta que el jueves el primer secretario del PSC, Pere Navarro, se descolgó con que había que derogar el Concierto y el Convenio, dos regímenes especiales y constitucionales.

En la dirección socialista replicaron con un 'no' alto y claro al dirigente catalán. Pero en el núcleo duro del PSOE admitieron que quizá habría que ir más allá en la reclamación de una financiación equitativa; algo que a juicio de distintos barones, y de muchos expertos en la materia, es imposible con la actual fórmula de cálculo de lo que Navarra y País Vasco deben abonar al Estado por la prestación de servicios sobre los que no tienen competencias. Rubalcaba, sin embargo, defendió que ahora no es momento de bajar al detalle ni de definir nada más que «principios». Lo hizo en rueda de prensa y también ante los barones.

En la comida, a la que asistieron el andaluz José Antonio Griñán, el vasco Patxi López, el castellano-manchego Emiliano García-Page, el asturiano Javier Fernández, el gallego Pachi Vázquez y la balear Francina Armengol, hubo, según distintas fuentes, conformidad en priorizar el «consenso» y la imagen de unidad sobre las posiciones particulares tanto en la cuestión del cupo como en cualquier otra. Sobre todo, dicen, porque si el partido se ha metido en el berenjenal de plantear una reforma constitucional ha sido para encauzar las ansias de Cataluña y del PSC. «No hay -apuntan- ninguna otra urgencia y de lo que se trata es de señalar un camino que esperamos pactar en el futuro con el PP».

Eficacia y solidaridad

«Una reforma de la Constitución de este calado puede tardar ocho años en llegar -insisten en el núcleo duro de Rubalcaba- ¿qué necesidad tenemos de ser excesivamente concretos?» El secretario general del PSOE, desde luego, no lo fue. «Concierto, sí; y cupo revisable -dijo-, como el conjunto del sistema de financiación autonómica que debe ser revisable ¿para qué? para que sea más eficaz, más justo y más solidario». Sin embargo, eludió pronunciarse, como el viernes hizo la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, sobre cómo debe obrarse en la próxima actualización quinquenal, que toca ya.

Tanto Griñán, líder de la poderosa federación andaluza, como Patxi López están conformes, según fuentes socialistas, con esta solución ambigua. Lo que no está claro es si lo estará Navarro. Ni tampoco lo que dirán el resto de líderes territoriales que no están en la ejecutiva. Rubalcaba aseguró que es su intención reunirse con todos ellos en breve para seguir preparando el Consejo Territorial, aunque subrayó que ya ha mantenido encuentros recientemente tanto con el líder del PSC como con los de las federaciones de La Rioja y Aragón.

En todo caso, la dirección de los socialistas ya ha hecho un gesto para satisfacer a muchos en otro terreno. A pesar de un rechazo inicial, la propuesta de reforma territorial contemplará algo que ya apoyó el PSOE en las reformas de varios estatutos de autonomía y tumbó el Constitucional, la descentralización del Poder Judicial.