El 'enemigo' en casa: cuando el poder político evita reforzar el papel de los reguladores

«Pasividad, es posible; falta de respaldo desde el poder político de turno, seguro». Así valora un veterano inspector del Banco de España, que lleva más de 20 años en la institución y prefiere permanecer en el anonimato, cómo ha sido la actuación del supervisor financiero respecto a la forma en que las entidades comercializaron sus productos de riesgo. La deuda subordinada y las preferentes, que salieron al mercado casi de forma sucesiva, son un claro exponente de ello.

El interlocutor admite que desde el instituto emisor se pudo hacer algo más en ambos casos, aunque fuera llamando la atención a bancos y cajas de ahorros sobre algunas estrategias comerciales que, cuando menos, podrían ser tachadas de polémicas. Claro que también apunta a sus 'vecinos', a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), pues en la medida que aquellas operaban sobre equivalentes a valores o títulos podían haber hecho algo más pero, sobre todo, ser más diligentes en su acción.

El regulador del mercado tiene abiertos en estos momentos expedientes a nueve grupos bancarios por la comercialización de preferentes, es decir, casi la práctica totalidad del sector nacional. El motivo: que no aplicaron precisamente las normas «más estrictas» al informar a sus clientes de los riesgos existentes. Por ejemplo, algunas usaban un test de idoneidad de un «sesgo marcado» para que el perfil del inversor de turno fuera declarado idóneo pese a que, en realidad, no era así por sus escasos (e incluso nulos en algunos casos) conocimientos financieros.

Hablamos de una operativa que lleva años produciéndose, sin que se diera voz alguna de alarma, aunque el punto de inflexión puede marcarse hacia 2008, justo cuando la necesidad de financiación empezaba a hacerse acuciante al tiempo que sus balances se iban degradando. El último presidente de la CNMV, Julio Segura, apunta directamente -amén de a las propias entidades- al Banco de España y al Gobierno.

Sugerencias en saco roto

Al primero, porque en un principio consideró que las preferentes eran parte del capital básico de un banco -es decir, de sus recursos propios, lo que incentivó el interés por ellas-, para luego cambiar de criterio tras los test de estrés de la Comisión Europea, lo que hizo que perdieran casi todo su atractivo y a los emisores prácticamente les sobraran. Y al Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero porque pese a que en marzo de 2011 mandó al Ministerio de Economía un documento con 15 propuestas de modificaciones legislativas sobre las preferentes, sólo obtuvo la callada por respuesta. Un año después hizo lo mismo con el Gobierno de Mariano Rajoy y se hicieron cambios, pero fueron «mínimos» y en apenas tres de las sugerencias.

Otro expresidente de la CNMV, Blas Calzada, también tiene sus recomendaciones, y una destaca por encima del resto. Propone que la entidad que emite unos productos o valores, caso de las preferentes o cualquier otro, no sea la misma que luego los comercializa. «Así reduciríamos la presión tan terrible que a veces sufren los vendedores, ya sea el comercial de un banco o el director de una sucursal, empujados por la necesidad de captar fondos casi como sea». La oposición frontal de las entidades a una reforma «sencilla», pero que reduciría las funciones que pueden desempeñar -y con ello, sostienen, también su rentabilidad-, parece haber echado por tierra cualquier atisbo de cambio.

En realidad, la falta de colaboración del poder político con los reguladores, por no hablar directamente de entorpecimiento, viene de lejos. Así lo recuerda otro antiguo responsable de la CNMV, Manuel Conthe, y en un doble caso. Respecto a las preferentes, porque en 2003 el Gobierno de José María Aznar -que, en una actuación «muy desafortunada», apunta, permitió que se emitieran desde España (en vez desde filiales en paraísos fiscales, lo que las hacía menos atractivas)- decidió dar ese nombre a lo que eran simplemente unas participaciones del banco con algunos privilegios (limitados) respecto a las acciones. En cuanto a Afinsa y Fórum, reprocha que dos decisiones casi sigilosas de los Ejecutivos de PP y PSOE en 1998 y 2005 contribuyeron a 'inflar el globo' al eliminar la obligación legal de que cualquier captación pública de ahorro tuviera que estar amparada por la Ley del Mercado de Valores o la Ley de Disciplina e Intervención, es decir, supervisadas por CNMV o Banco de España.