Los derechos humanos retroceden con la crisis

Uso excesivo de la fuerza policial en la disolución de manifestaciones. Políticas de austeridad que limitan el acceso a la sanidad pública a determinados colectivos. O el desahucio de miles de personas por la imposibilidad de pagar hipotecas abusivas. Situaciones muy habituales en España desde el estallido de la crisis que Amnistía Internacional (AI) considera vulneraciones de los derechos humanos y recoge en su 'Informe 2013 sobre el Estado de los derechos humanos en el mundo'. Y es que el documento de la ONG muestra cómo las consecuencias de la crisis van más allá de problemas económicos.

«Los gobiernos toman medidas de austeridad escudándose en la UE y sin asumir su responsabilidad en las consecuencias para la sanidad, educación o vivienda», explicó ayer el director de AI España, Esteban Beltrán, durante la presentación del informe que evalúa la situación de los derechos humanos durante 2012. Los activistas llaman la atención a España por el uso excesivo de la fuerza por parte de la policía en las manifestaciones contra los recortes en varias ciudades. En su informe recoge las «frecuentes» denuncias contra los agentes por «malos tratos al dispersar las manifestaciones».

El documento pone como ejemplos, como la actuación de los antidisturbios en la concentración del 25-S para rodear el Congreso que terminó con persecuciones policiales hasta los andenes de la madrileña estación de Atocha. Además, Amnistía lamenta que las investigaciones sobre las denuncias de este tipo de sucesos «no fueron en general ni exhaustivas ni eficaces». Y es que AI también critica que las denuncias de torturas de presos durante su detención o interrogatorios son archivadas. «No creemos que exista una política sistemática de torturas, pero son algo más que casos aislados», explicó Beltrán.

La situación de los inmigrantes es otra de las críticas a España -y toda la UE-. El documento denuncia la limitación de acceso de los 'sin papeles' al sistema pública de salud mediante el decreto aprobado por el Gobierno en 2012 en el que retiraba la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares. «Esto no es un recorte, es una vulneración de los derechos humanos», aseguró Beltrán. Además AI señala la «restricción del uso de prendas y símbolos religiosos en algunas escuelas», en referencia a la prohibición de llevar el hijab a las alumnas. También denuncian la discriminación que suponía los cupos de detención y las redadas policiales para detener a extranjeros en situación irregular.

Otra de las consecuencias de la crisis es el elevadísimo número de desahucios. AI adelantó que solicitarán una reforma constitucional para incluir el derecho a una vivienda dentro del apartado de derechos fundamentales. Hasta entonces piden la paralización de los desahucios por considerar que faltan «garantías judiciales». Beltrán defendió los escraches realizados a políticos por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca porque «no vulneran ningún derecho» siempre que se realicen de manera pacífica.

Crímenes del franquismo

Respecto al funcionamiento de la Justicia, el informe señala la imposibilidad de investigar los crímenes del franquismo como intentó el juez Baltasar Garzón, por la desaparición de 114.266 personas entre julio de 1936 y diciembre de 1951. Amnistía lamenta que el Tribunal Supremo concluyera que Garzón -absuelto de esta causa- interpretara «erróneamente la ley» al considerar los hechos investigados como crímenes de lesa humanidad ya que durante la comisión de los mismos esta tipificación no estaba contemplada. El informe documenta casos de tortura y malos tratos en 112 países y restricciones a la libertad de expresión en 101 países. En el mundo hay 43 millones de refugiados y más de la mitad superan los cinco años fuera de Europa. «El mundo es un lugar cada vez más peligroso para los refugiados o los inmigrantes», explicó la directora adjunta de AI en España, Eva Suárez-Llanos.

«Otro año perdido para el pueblo sirio». Así de contundente se muestran sobre el conflicto civil que ya ha causado 80.000 muertos y millones de desplazados. «El mundo se ha limitado a mirar mientras las fuerzas armadas sirias seguían lanzando ataques indiscriminados contra la población civil». Para AI los responsables de esta represión deberían ser juzgados por crímenes contra la humanidad en el Tribunal Penal Internacional. El documento también detecta torturas y ejecuciones extrajudiciales por parte de los rebeldes.

Como aspectos positivos destacan el Tratado de Comercio de Armas aprobado por la ONU y el descenso en 2012 de la aplicación de la pena de muerte, abolida legalmente o en la práctica en 140 países.