Escaso apoyo autonómico a la iniciativa expropiadora de la Junta de Andalucía

Sigue abierto el debate sobre el decreto de la Junta de Andalucía -en vigor desde hoy- que prevé la expropiación temporal de las casas objeto de desahucio en su territorio, cuyos dueños (hipotecados) o inquilinos se encuentren en situación de exclusión social «acreditada» o las cuotas de su préstamos se hayan disparado (que se hayan multiplicado, al menos, un 1,5 desde el inicio de la crisis sobre su renta y, además, supongan más de un tercio de los ingresos del hogar). En cualquier caso, los beneficiarios deberán pagar a la administración regional una parte del justiprecio a abonar al titular de la ejecución hipotecaria, aunque no superaría el 25% de su renta.

A diferencia de la crítica hecha el miércoles por el ministro de Justicia, sobre todo por actuar de manera unilateral y sin consenso con el resto de administraciones, la portavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gabriela Bravo, ve «muy positiva» la decisión del Gobierno andaluz, siempre que tenga encaje en el ordenamiento jurídico actual, extremo del que dudan en el Ejecutivo central y que van a revisar al detalle. Tampoco entre las demás comunidades existe un respaldo mayoritario a una iniciativa que el PSOE llevará al Congreso en forma de enmienda a la reforma de la legislación hipotecaria ahora en marcha. Solo el presidente canario, Paulino Rivero, la calificó ayer de «paso interesante», mientras que los responsables autonómicos de Madrid, Extremadura, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Comunidad Valenciana, La Rioja, Galicia, Baleares y Navarra -salvo este último, todos del PP- tacharon la medida de «demagógica», «imprudente» y de «dudosa eficacia».

Según datos del Colegio de Registradores de la Propiedad, única estadística detallada disponible aunque los datos oficiales están en manos del CGPJ, en 2012 fueron adjudicadas 38.876 viviendas a las entidades financieras (o a otros acreedores), a una media de casi 107 acciones de desahucio diarias. Dado que una cuarta parte eran segundas residencias, los domicilios registrados fueron 30.011 (el 77% del total), 82 por jornada. En dos de cada tres casos (63,1%) los afectados tenían la nacionalidad española, y el resto eran extranjeros.

A lo largo del año pasado se iniciaron 65.778 ejecuciones hipotecarias, la mayoría entre Madrid y la costa mediterránea. Tres de cada cuatro (74,7%) afectaron a la primera vivienda. En cuanto a las daciones en pago, opción que ni el Gobierno ni la banca quieren generalizar, se acordaron 14.229, el 80,4% de ellas correspondientes a residencias habituales.