UGT y CC OO ofrecen enseñar sus cuentas tras la acusación de Alaya

Saltan chispas en UGT y CC OO desde que el viernes la jueza Alaya afirmara en un auto que el «entorno» de los sindicatos percibió 4,3 millones de euros de la trama de intermediarios de los ERE fraudulentos. Los dos dirigentes andaluces, Manuel Pastrana y Francisco Carbonero, se apresuraron a negar cualquier relación con estas o con otras aseguradoras e incluso ofrecieron hacer públicas sus cuentas.

La investigación de la jueza coloca a los sindicatos en una difícil situación y habrán de despejar las dudas acerca de si esa cantidad fue a parar a 'cuatro golfos', por usar la terminología que el PSOE aplica a los intrusos y a los imputados en la trama de los ERE, y cuál ha sido su papel en las negociaciones de los expedientes de regulación de empleo sujetos a investigación judicial.

No es la primera vez que la relación de los sindicatos con el fraude se sustancia en un documento judicial. En julio de 2011, Alaya dio orden a la Guardia Civil para que investigara el papel de los representantes sindicales y pidió documentos económicos y patrimoniales, tanto de las centrales como de instituciones dependientes de las mismas. Además, el pago de comisiones por parte de Vitalia por los ERE andaluces apareció documentado en la investigación de la quiebra fraudulenta de la mutua catalana Fortia Vida, alguno de cuyos responsables aparece detenido en la operación Heracles, como Roses Masa, administradora, que quedó ayer en libertad con cargos.

Pero es la primera vez que se llega a establecer una cantidad y se pone nombre a las sociedades de intermediación de los propios sindicatos: Temiqui y Asesoramiento en Seguro y Previsión Atlantis, de UGT, y Atlantis Asesores, de CC OO El auto de prisión de Antonio Albarracín, ex directivo de Vitalia, indica que cobraban entre el 0,5% y el 1% de las primas de las prejubilaciones y asegura que Albarracín pagó 4,3 millones en 'sobrecomisiones' en las pólizas de los seguros, aunque no señala directamente a las organizaciones, sino al 'entorno' de los sindicatos.

También Javier Guerrero, el exdirector general de Empleo, admitió el pago a los sindicatos en su declaración del miércoles, antes de volver a prisión. Expertos consultados creen que es necesario que la investigación de Alaya aclare a qué se refiere al hablar de 'sobrecomisiones' y a qué ERE afecta, ya que la presencia sindical en los expedientes de regulación de empleo es general en todos los que se llevan a cabo en España y también el emolumento tasado por sus servicios. Las centrales deben tener contabilidad de todo ello y en sus manos está cruzar los datos para evitar que se desencadene una causa general contra ellos.

Manuel Pastrana y Francisco Carbonero coincidieron en sus declaraciones públicas de ayer en rechazar de manera tajante cualquier vinculación de sus ejecutivas y sus organizaciones con los ERE, cualquier relación con las aseguradoras y, por supuesto, haber cobrado 'ni un duro', dijo Carbonero. «En el CIF de CC OO no se ha ingresado en la vida ni un duro por estas cuestiones, ni me consta», recoge Europa Press.