El Gobierno hará «ingeniería jurídica» si tumban la 'doctrina Parot'

Diversos miembros del Gobierno, con su presidente a la cabeza, mostraron ayer su confianza en que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo confirmará la 'doctrina Parot', pero, por si acaso, los servicios jurídicos del Estado ya buscan fórmulas y mecanismos que puedan evitar o al menos ralentizar la excarcelación masiva de terroristas, asesinos y violadores que provocaría una sentencia contraria a sus intereses.

El ministro del Interior, Jorge Fernández, no se escondió al afirmar que el Ejecutivo está dispuesto a tirar de «ingeniería jurídica» para minimizar los daños de un fallo derogatorio y aseguró que los tribunales españoles cuentan «con margen» para hacer una aplicación muy restrictiva de una resolución europea que reprobase el sistema de cómputo de los beneficios penitenciarios diseñado en 2006 por el Tribunal Supremo y que permite que los delincuentes con múltiples condenas cumplan íntegros los 30 años de estancia máxima en prisión, cuando antes del cambio de criterio no pasaban entre rejas más de 18 o 22 años. La 'doctrina Parot' ha permitido que 54 miembros de ETA, siete de los Grapo, uno de los GAL y hasta 14 violadores y asesinos reincidentes, que con el cómputo antiguo ya habrían cumplido sus condenas, continúen en prisión una media de diez años adicionales, en algunos casos hasta 2024.

El Gobierno aún no ha detallado qué fórmulas baraja para sortear un fallo adverso, pero tanto Fernández como su homólogo de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, han dado algunas pistas. La primera es que la sentencia, en principio, no tendría por qué provocar la excarcelación inmediata más que de la recurrente, la etarra Inés del Río, porque su traslación al resto de reclusos en situación similar a la suya no puede ser «automática».

Ahí entrarían en juego, según Fernández, los tribunales españoles, en especial la Audiencia Nacional, que es la instancia que condenó a la mayoría, y de la que el ministro espera una interpretación muy restrictiva hacia excarcelaciones adicionales y posibles fórmulas jurídicas para impedirlas o ralentizarlas.

Ambos ministros plantearon que, en cualquier caso, se exigiría a los reclusos con 'doctrina Parot' que recurriesen uno a uno en reclamación de los hipotéticos beneficios del fallo del TEDH. El titular de Interior señaló a la Audiencia Nacional para solucionarlos, pero el de Justicia incluso indicó que se verán obligados a acudir también a Estrasburgo si quieren beneficiarse.

Visto para sentencia

Toda la cadena de deliberaciones jurídicas, trabas y recursos, en la que no faltarían las impugnaciones de la Fiscalía, podría evitar excarcelaciones y desde luego retrasar, durante meses o años, las liberaciones obligadas. Lo que de momento no parece que se plantee el Gobierno es lo que le piden las principales asociaciones de víctimas del terrorismo, esto es, la insumisión y no aplicación del fallo si contradice al Supremo y al Constitucional.

La sentencia que pone en jaque a la 'doctrina Parot', en cualquier caso, no será inmediata. La Gran Sala del TEDH, compuesta por 17 magistrados, dejó ayer el recurso visto para sentencia tras escuchar los argumentos del Gobierno español, en defensa de un sistema de ejecución de condenas agravado para los grandes delincuentes -«¿es igual un asesinato que 132?»-, y del abogado de Del Río, que pidió la confirmación del fallo que en 2012 le dio la razón por considerar que la doctrina del Supremo alarga las penas de forma irregular y retroactiva. Fuentes del tribunal no prevén que el fallo se conozca antes del verano.

Mientras se desarrollaba la vista en Estrasburgo, Mariano Rajoy reiteró en el Congreso que no habrá relajación en la política penitenciaria para terroristas y que el Gobierno no negociará nada con ETA, de la que solo espera su disolución definitiva e incondicional. La diputada de Amaiur Maite Ariztegi le contestó que sin diálogo no habrá desarme de la banda porque la entrega de las armas «sin más» solo se da en las historias de Astérix y Obélix.