El Tribunal de Cuentas aboga por dejar a los partidos fuera de la ley de transparencia

El proyecto de ley de Transparencia, Acceso a la Información y Buen Gobierno «es muy positivo», aunque el texto con el que trabaja el Congreso de cara a su aprobación el próximo verano necesita una serie de retoques. Esta es la opinión que expresó ayer el presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ante la comisión Constitucional del Congreso.

Entre estas modificaciones no incluiría, sin embargo, el acceso a la información de los partidos ya que, justificó, la ley está pensada y dirigida a las administraciones públicas y no a las empresas privadas. Álvarez de Miranda sí abogó por aplicar el espíritu de la transparencia a los partidos, sindicatos u ONG aunque insistió en que este control debe venir por la reforma de las propias leyes que regulan sus actividades. La valoración de los expertos que comparecieron tras Álvarez de Miranda distó de las alabanzas vertidas momentos antes por el presidente del Tribunal de Cuentas.

Según valoraron uno tras otro, el texto se queda corto en muchos aspectos de control, tanto político como de las administraciones. Emilio Guichot, profesor titular de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, pidió que se eleve el acceso a la información al rango de derecho fundamental, una opinión en la que coincidió con Manuel Sánchez de Diego, profesor titular de Derecho de la Información de la Universidad Complutense.

Este último exigió una «profunda transformación» del proyecto de ley para que afecte a todos los ámbitos de la sociedad. Quien más escéptico se mostró con la redacción de la norma fue Tomás Ramón Fernández Rodríguez, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad Complutense. En particular emplazó a las formaciones políticas a «predicar con el ejemplo». «Con la que está cayendo, partidos y sindicatos deben estar en la ley de transparencia», destacó.