Otra puerta se cierra para regresar a Chagos

Charlezia Alexis murió el domingo, a los 76 años, sin haber regresado nunca a la isla en la que están enterrados tres de sus hijos. Era cantante y falleció en vísperas de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos cerrase quizás la última puerta a la causa que ella lideró con otros; la de los deportados del archipiélago de Chagos porque eran un estorbo para los planes de la defensa de Occidente. Aislados en el océano Índico, a 500 kilómetros de la costa de las islas Mauricio, la tierra habitada más próxima, los dos mil habitantes de los atolones, cuyos ancestros llegaron allí como esclavos de las plantaciones de coco, no dieron importancia a la presencia de ingleses y americanos en 1968, pero empezaron a preocuparse cuando los vecinos embarcados en botes no volvían.

Luego, se acabaron los suministros en las tiendas. Y Alexis, que era una buena cantante, acabó sin recursos ni medios en el distrito de Cassis, en Port Louis, la capital de Mauricio. Tras las guerras napoleónicas, Francia cedió aquellas colonias a los británicos y, cuando Mauricio ganó su independencia, en 1965, su Gobierno aceptó 4,5 millones de euros a cambio de que se desgajasen las islas, que pasaron a llamarse Territorio Británico del Océano Índico. Un año después, Londres arrendó a Washington la de Diego García a cambio de una subvención para comprar sus submarinos nucleares. En los años setenta, el Gobierno británico entregó 750.000 euros al de Mauricio para ayudar a los 'chagossiens' de Cassis y, en 1982, cuatro millones a una fundación mixta. Pero los deportados reclamaron en 1998 el derecho a regresar.

Los tribunales británicos les dieron la razón en 2000 y el entonces ministro de Exteriores, Robin Cook, aceptó la sentencia. Pero, en 2004, el Gobierno de Tony Blair, embarcado en la invasión de Irak, prohibió el regreso. Desde Diego García han operado aviones de combate, barcos, submarinos, en las guerras de Irak y Afganistán. El Superior volvió a declarar ilegal la decisión tras un nuevo recurso de los deportados. Pero el de los Lores falló -tres votos contra dos- que las exigencias de la defensa nacional justifican el uso de las órdenes en Consejo y la prohibición de regresar.

Recurrieron a la última instancia posible, el Tribunal de Estrasburgo, que falló ayer que no verá su caso, porque al aceptar la compensación económica renunciaron a otros derechos. Señalan también los magistrados que el derecho de regreso es «puramente simbólico», pues ninguno se asentó allí en los cuatro años que mediaron entre la sentencia británica y la nueva orden de Blair.