Las administraciones se ponen a dieta

El Gobierno va encarar la anunciada y nunca materializada reforma de las administraciones públicas. Se trata, según explicó Soraya Sáenz de Santamaría, de adelgazar el sector público central, autonómico y municipal para hacer viable el Estado de las Autonomías en tiempos de crisis. La vicepresidenta aseguró que en modo alguno se trata de una recentralización al estilo de la reclamada esta semana por José María Aznar para «poner orden» territorial. El objetivo, dijo la portavoz, es reducir el tamaño de la administración y que sea más eficaz.

Una comisión interministerial tiene hasta el 30 de junio próximo para hacer una auditoría «de abajo arriba» de la situación de las administraciones públicas, «algo -recordó varias veces la vicepresidenta- que no se ha hecho nunca» en las tres décadas de historia del sistema autonómico. El objetivo es determinar cómo se puede hacer más pequeño y eficiente el sector público en todos sus niveles. Es, en definitiva, una medida de ahorro, pero con el valor añadido de lograr una administración «más simple, más eficaz, mejor coordinada y que preste mejores servicios a los ciudadanos».

Los expertos escudriñarán en estos ocho meses qué competencias se solapan, qué instituciones se repiten para dar el mismo servicio, qué organismos o empresas públicas son prescindibles. Todo, explicó Sáenz de Santamaría, para hacer «un mapa» de la situación del sector público, eliminar lo «superfluo» y «dimensionar adecuadamente la administración». La iniciativa desarrolla un acuerdo unánime de la Conferencia de Presidentes del 2 de octubre, que encomendó al Ejecutivo central acometer una reforma a fondo del sector.

La vicepresidenta precisó que la decisión no es una respuesta a la petición de recentralización competencial que planteó Aznar para recuperar los principios de «la España constitucional». El objetivo, aclaró, es «hacer viable el modelo del Estado autonómico y demostrar que también funciona en tiempos de crisis». El sistema, prosiguió, se desenvolvió «muy bien» en los años de vacas gordas porque eran tiempos para «repartir riqueza», pero ese modelo no puede tener la misma estructura de funcionarios, organismos y empresas públicas en una época de crisis, hay que adelgazarlo para que sea «viable». Mantener el mismo esquema con menos ingresos «no es sostenible», resumió la vicepresidenta.

Recelos nacionalistas

Los nacionalistas catalanes y vascos han mostrado ya sus recelos a esta reforma de la administración porque temen una invasión de sus competencias. El País Vasco y Cataluña dieron su visto bueno en la Conferencia de Presidentes a la iniciativa, pero en el caso de Euskadi el lehendakari era el socialista Patxi López, y no el nacionalista Iñigo Urkullu, que tomará posesión del cargo en diciembre. Artur Mas reconoció que firmó el acuerdo para no romper el clima de consenso de una reunión convocada para dar una imagen de unidad a los mercados financieros internacionales.

Habrá que ver la reacción de ambos gobiernos autonómicos cuando la comisión interministerial de expertos recomiende, por ejemplo, el cierre de sus 'embajadas' en distintos países o la reducción de entidades de promoción de las lenguas cooficiales que tienen diseminadas por el mundo.

Sáenz de Santamaría confió en que no se produzca un rechazo porque, reiteró, existe un acuerdo unánime. La vicepresidenta admitió que el Gobierno no tiene instrumentos coercitivos para hacer cumplir las recomendaciones de la comisión de expertos sobre los recortes en el escalón autonómico y en el municipal, pero tiene herramientas disuasorias. Recordó que las comunidades están sujetas a la ley de estabilidad presupuestaria y deben presentar cada trimestre programas de ajuste en el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. Ahí el Gobierno puede presionar para que se asuman las conclusiones de la auditoría de la administración. Una presión que puede ser mucho más resolutiva si la comunidad se ha acogido al Fondo de Liquidez Autonómica para poder afrontar sus obligaciones financieras. Es el caso de Cataluña junto a otras ocho comunidades autónomas, aunque no es el del País Vasco.

La vicepresidenta, sin embargo, se mostró esperanzada en que no haya que llegar a ese extremo porque «todos estamos de acuerdo» en que hay que simplificar y reducir el tamaño del sector público ante la virulencia de la crisis. El Gobierno confía asimismo en lograr un entendimiento con el PSOE, partido que también es partidario de una reforma de las administraciones. Una demanda que es, además, un clamor de los ciudadanos para que se termine con una burocracia en muchos casos sobredimensionada y con la proliferación de altos cargos en organismos de dudosa utilidad, un planteamiento que recogen todas las encuestas del CIS que abordan el asunto.