Aumentan a siete los sindicalistas detenidos por los asaltos a los supermercados

El goteo de detenciones entre los presuntos asaltantes del Mercadona de Écija continúa y desde el pasado jueves son ya siete los arrestados entre los miembros del Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT). Cuatro de ellos se encuentran en libertad con cargos mientras los tres restantes permanecían anoche en dependencias judiciales.

Ayer se produjeron cuatro nuevos arrestos, dos en Sevilla y otros dos en Jaén. Estos últimos llevados a cabo en el propio cuartel de la Guardia Civil al que los sindicalistas acudieron por propia voluntad. Uno de ellos es uno de los máximos responsables del sindicato en la provincia. En la madrugada del viernes también había sido arrestado el secretario general del SAT jienense.

A los detenidos se les imputa un delito de robo con violencia e intimidación. El auto judicial les impone la prohibición de acercarse a 300 metros del supermercado, así como de las tres empleadas del centro que resultaron lesionadas durante el suceso. Según fuentes del propio sindicato, durante el asalto se produjo un forcejeo cuando el personal de Mercadona intentó cerrar el acceso al edificio, momento en el que podrían haber resultado heridas de levedad las tres mujeres.

Mientras, las fuerzas de seguridad siguen analizando las cámaras del centro para identificar a más personas que pudieran haber participado directamente en el asalto. El ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, ya aseguró el pasado miércoles que se perseguiría a todos los implicados en estos dos sucesos. Según apunta el SAT, las fuerzas de seguridad han elaborado una lista de nombres con las personas que deben detener durante los próximos días. Igualmente denuncian la forma en la que se están llevando a cabo los arrestos, que, según el sindicato, «se producen en algunos casos a altas horas de la noche y en ellos participan hasta cuatro coches patrulla».

El aforado

Cabe destacar que, por ahora, entre los detenidos no se encuentra ninguno de los sindicalistas que permanecieron en el exterior del Mercadona, como es el caso del alcalde de Marinaleda y diputado autonómico, Juan Manuel Sánchez Gordillo.

La situación de aforado del regidor sevillano impide que sea detenido y que la juez de Écija pueda imputarle. Fuentes de la Dirección General de la Policía informaron ayer de que agentes de este cuerpo habían entregado una citación judicial en el registro del Ayuntamiento de Marinaleda para que el regidor se presente a declarar ante el juzgado de Écija. Sin embargo, desde el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía se aclaró horas más tarde que la magistrada ecijana encargada del caso no ha citado a Sánchez Gordillo y aún sigue valorando si existen indicios de delito en su actuación.

En todo caso, aseguran las mismas fuentes, de considerar que el alcalde incurrió en alguna ilegalidad elevaría el caso al tribunal superior, único con potestad para investigarle -si así lo estimase oportuno- por la condición de aforado que le otorga su acta de parlamentario andaluz. Es precisamente este privilegio el que impide que las fuerzas de seguridad puedan detenerlo o llamarlo a declarar. A su vez, Sánchez Gordillo afirmó no haber recibido citación alguna y adelantó que el lunes acudirá al registro municipal a primera hora para saber si esta existe y si es así conocer quién la ha dictado.

Lejos de esconder su participación en los hechos, Sánchez Gordillo repitió ayer frente el juzgado de Écija, a donde acudió a manifestarse para exigir la liberación de dos de los detenidos, que el sindicato continuará «ocupando» superficies comerciales. Incluso amplió el objetivo de sus amenazas a los bancos, «auténticos responsables de esta crisis», afirmó.

Respecto a las detenciones de los miembros del SAT, el alcalde y parlamentario regional considera que lo que está buscando el Gobierno es «dar un escarmiento» y criticó que el titular de Interior quiera, «como en tiempos del franquismo», «convertirse en fiscal, juez y ministro». Por último, Sánchez Gordillo denunció que los recortes que está llevando a cabo el Gobierno producen miseria y hambre. «Algo que no se puede permitir en pleno siglo XXI».