Las infancias que robó la dictadura argentina

No hay una historia igual que la otra. Cada nieto recuperado por Abuelas de Plaza de Mayo, la organización de madres de desaparecidos por la dictadura argentina (1976-1983) que buscan a sus nietos, cuenta una experiencia única. Esta semana, esos niños robados durante el régimen -y que ahora son unos treintañeros- llenaron la sala del Tribunal Oral Federal 6 de Buenos Aires, donde se leyó el veredicto contra el exdictador Jorge Videla y otros represores del régimen. Las Abuelas, ancianas y cada vez más frágiles, ya tienen a quiénes pasarles el testigo para buscar a los que todavía faltan.

La historia de Victoria Montenegro (36 años) fue una de las que más impactó al fiscal Martín Niklison durante el juicio contra los once acusados de 35 casos de sustracción, retención, ocultamiento y supresión de identidad de niños nacidos durante el cautiverio de sus madres y entregados a militares que se los quedaron como botín de guerra y los criaron como propios. Durante su declaración lloró, rió y no tuvo vergüenza en admitir que admiraba al que hasta los 25 años creyó que era su padre.

Herman Tetzlaf, su «secuestrador», era jefe de un centro clandestino de detención. Cuando Victoria supo la verdad, el hombre que la crió aseguró que él mismo había participado en el operativo en el que «abatieron» a sus padres biológicos y que lo hizo «por amor».

«Sentí vergüenza cuando supe que era hija de desaparecidos. Me llevó mucho tiempo aceptarlo. No tenía ganas de conocer a mi familia biológica. Pero cuando los tuve enfrente no pude no quererlos. Mis abuelos se murieron buscándome, y no pude darles la felicidad de verme», relató Victoria Montenegro. Sobre Tetzlaf, que ya falleció, no tiene rencor. «No le odio pero cada vez me cuesta más recordar momentos felices de mi infancia».

Victoria supo este año que su padre biológico, Roque Montenegro, fue arrojado al mar por los militares después de ser detenido. Su madre sigue desaparecida. Ya está segura de no querer más vínculos con quienes creyó que eran su familia. «Nada bueno puede surgir de una relación enfermiza, del que fue el asesino de mis padres. Cuando le detuvieron, me dio el arma con la que los mató para que la guarde».

La historia de Carlos D'Elía, otro de los que declaró en el juicio, también es dura. Sus padres biológicos eran uruguayos pero fueron secuestrados en Argentina. «Yo tenía 17 años y no sabía nada. Fue todo muy drástico. Me hicieron unos análisis de ADN que dieron positivo y el juez fue quien me contó la verdad. A los que yo creía que eran mis padres los llevaban presos y yo, de pronto, me quedé solo. Querían mandarme a Uruguay con mi familia biológica, pero yo no los conocía», cuenta.

Carlos mantiene el vínculo con su «apropiadora». Sabe que no es su madre, pero le crió con cariño. La mujer le contó que ella no podía tener hijos y que su esposo hizo las gestiones para «conseguir» uno. Fue juzgada y condenada por lo que hizo. Carlos todavía la quiere, pero ya usa su verdadero apellido (D'Elia). En el juicio mostró un fuerte compromiso con los casos de otros jóvenes que aún viven bajo una falsa identidad. Y es que con el tiempo, ninguno de ellos rechaza su verdadera historia. Al contrario, es a la vez triste pero tranquilizadora.

Pistola en la cabeza

Francisco Madariaga fue «robado» por un represor que siempre lo maltrató. «Una vez, me puso una pistola en la cabeza y la engatilló. Era un psicópata», recuerda con pena el joven, que vivió trastornado hasta saber que era hijo de unos desaparecidos. Fue por su propia cuenta a la sede de Abuelas de la Plaza de Mayo y pidió hacerse un análisis. Su padre biológico era entonces el único hombre que integraba el consejo de la asociación, Abel Madariaga. Francisco ya tenía 32 años cuando supo quién era su primogénito.

En el juicio de esta semana fueron condenados también los captores de Francisco. Al hombre le castigaron con 15 años de reclusión y a quien una vez llamó madre, con cinco. Madariaga no está conforme y va a apelar. «¡Me robaron a mi hijo durante 32 años!», repite indignado.

Pero como integrante de un organismo de derechos humanos, Abel Madariaga sabe que hay casos aún peores. Los hermanos Ramírez tenían 2, 4 y 5 años cuando su madre fue secuestrada. Los llevaron a un hogar de menores regenteado por un militar, les cambiaron el apellido y a pesar de que su padre y sus tíos los buscaron, allí se quedaron los siete años que duró la dictadura argentina. En la institución sufrieron abusos y humillaciones y pasaron hambre. «Era un infierno y yo me sentía enterrada viva», contó María Ramirez, una de aquellas niñas, que todavía sigue intentando armar el rompecabezas en el que transformaron su infancia y la de sus hermanos.