Paraísos fiscales contra la estabilidad financiera

Se cuentan por millones los europeos de a pie que han visto caer en los últimos años su nivel de vida de manera drástica, y en ocasiones trágica, como resultado de la crisis económica mundial.

A pesar de ello, una pequeña minoría entre los más adinerados no solo ha conservado su riqueza, sino que incluso la ha incrementado. Según diversas estimaciones, los millonarios de todo el mundo han aumentado entre 2010 y 2011 sus fortunas en casi un 10 %, y ello mientras las economías nacionales se estancaban y declinaba el crecimiento.

Estos recursos no van a retornar para generar empleo y prosperidad al grueso de la población, ya que, en numerosos casos, la existencia de paraísos fiscales ha permitido a los más ricos sortear sus obligaciones para con el resto de la sociedad.

En mayo de 2012, el Comité Económico y Social Europeo -el órgano que representa a la sociedad civil organizada a nivel de la UE- ha aprobado un dictamen que condena en duros términos los paraísos fiscales y financieros como una amenaza para el mercado interior de la UE.

Pero, ¿qué son los paraísos fiscales? De acuerdo con 'The Economist', se trata de zonas dotadas de una «estructura fiscal compuesta que se ha ideado deliberadamente para aprovechar, o explotar, la demanda existente a nivel mundial de oportunidades para la evasión de impuestos».

Mucho más explícito, el Dictamen del CESE lo describe como zonas donde afloran y se utilizan unos capitales conseguidos no solo a costa de la legalidad vigente, sino del crimen y de los delitos económicos, y que abarcan desde la máxima gravedad del asesinato hasta la extorsión, el narcotráfico, el tráfico de armas, la falsificación, el fraude, la estafa, la trata de blancas o el juego ilícito.

Solo en los llamados paraísos fiscales, financieros y de sociedades distribuidos por la geografía europea se calcula que se han constituido un millón de sociedades y el doble de trust. Gigantescas sumas de dinero se reservan en zonas y países de conveniencia, protegidas por poderosos intereses que corrompen y falsean las políticas de los gobiernos en beneficio propio.

En abril de 2009, los líderes mundiales reunidos en la cumbre del G-20 en Londres se comprometieron a atajar de manera drástica los paraísos fiscales, recurriendo incluso a un elenco «de la vergüenza», con los nombres de aquellos países que no cumplen las reglas acordadas internacionalmente. La OCDE redactó inmediatamente una lista de los territorios transgresores en un intento por «reforzar la integridad y la transparencia del sistema financiero».

Sin embargo, la aplicación de estos compromisos ha sido muy decepcionante. Estos territorios han eludido la amenaza de verse clasificados como «no cooperadores», mediante la simple firma de acuerdos bilaterales entre sí. En octubre de 2011, el Informe publicado por la Organización Tax Justice Network consideraba inútiles casi todos los acuerdos bilaterales suscritos desde 2009. Los flujos de capitales ilícitos no han dejado de aumentar en un porcentaje superior al 10% anual, agravando las crisis de deuda soberana que sufren algunos Estados miembros de la Unión Europea más afectados.

Solamente la UE ha elaborado un marco creíble de actuación para luchar contra los paraísos fiscales, un marco que, sin embargo, no se está aplicando de la manera adecuada. Además, la normativa común de la UE en materia de intercambio de información no es vinculante para países como Andorra, Liechtenstein, Mónaco y San Marino, o Suiza.

Los paraísos fiscales no solo alientan la evasión y el fraude fiscal y menoscaban los presupuestos nacionales, sino que también ofrecen unos instrumentos financieros de gran complejidad que generan inestabilidad y que, de hecho, han contribuido a agravar la crisis. De estos paraísos fiscales salen los ataques a las deudas soberanas en dificultades. Las grandes empresas multinacionales, con capacidad para aprovechar al máximo, y casi con total impunidad, sus oportunidades de evasión fiscal gozan de una ventaja competitiva desleal respecto de otras empresas más pequeñas y de ámbito nacional.

La UE debe recurrir a todos los medios a su alcance para intensificar la lucha contra los paraísos fiscales. Se debe prohibir la obtención de fondos públicos a las personas y a las empresas que extraigan un provecho de estos paraísos fiscales. Las instituciones europeas han de actuar con mayor contundencia para evitar abusos en lo referente al derecho de residencia o de domicilio cuando éste sirva a la creación de holdings o sociedades «pantalla» que permitan a sus propietarios no pagar impuestos en los países en que residen. Se debe eliminar cualquier obstáculo al intercambio automático de información bancaria a fin de poder identificar a los titulares reales de las cuentas bancarias. También se debe solicitar a las empresas internacionales que elaboren balances anuales de sus actividades, desglosados por país, donde se especifiquen el número de empleados, los préstamos y los beneficios. E, igualmente, debe facilitarse la recuperación de capitales desplazados al extranjero mediante actividades ilegales.