La reforma del Código Penal enfrenta a los ministros de Interior y Justicia

Choque de trenes entre dos pesos pesados del Gobierno. Dos concepciones de entender la seguridad y el derecho penal, no del todo opuestas, pero sí muy diferentes. La cruzada que encabeza desde hace semanas el Ministerio del Interior para endurecer el Código Penal en multitud de facetas, desde la resistencia en manifestaciones a la multireincidencia, cada vez causa más «desconcierto» entre los responsables de Justicia, que creen que esa «tormenta de ideas» está yendo un poco lejos y que ahora toca «frenar el ímpetu» reformador de Interior.

Tras semanas de continuas propuestas, apresurados documentos de trabajo y larvados desencuentros, el ministro del Interior admitió ayer en público por primera vez que hay disensiones entre ambos departamentos a cuenta de la reforma número 28 del Código Penal y que, según los planes de Interior, también debería abordar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y la de Protección de la Seguridad Ciudadana.

«Es evidente y es lógico» que entre dos ministerios como Justicia e Interior haya diferencias pues uno tiene que «poner el acento en la seguridad y el otro en la libertad aunque se trate de un binomio», admitió Fernández antes de hacer hincapié en que, no obstante, los trabajos para modificar el Código «van bien» y «acabarán muy bien».

Un optimismo y unas prisas que no son compartidas en Justicia, que ve un poco precipitado presentar el proyecto antes de verano. El propio Gallardón ya ha dejado claro que no está por la labor de apoyar sin más la reforma estrella de Interior, incluir como delito de atentado a la autoridad la resistencia pasiva e introducir entre las «modalidades de acometimiento» (ataque violento a un policía) las amenazas, intimidaciones o el lanzamiento de objetos.

Solo una semana después de que Fernández Díaz anunciara esta medida como respuesta a los incidentes en Barcelona durante la huelga general y a los disturbios estudiantiles en Valencia, el ministro de Justicia desmintió a su compañero y aseguró que no se penará la resistencia pasiva sino, como se hace ahora, las «agresiones a miembros de los cuerpos de seguridad y daños a bienes públicos».

Prisión provisional

Justicia también ve muchos inconvenientes a otro de los cambios propuestos por Fernández al calor de los incidentes de los antisistemas en las últimas semanas, aumentar de uno a dos años la pena mínima en los atentados contra agentes para que la Fiscalía pueda reclamar prisión provisional. Interior defiende que sería disuasivo para los violentos profesionales, pero Justicia la ve excesiva porque la prisión preventiva no puede ser un castigo, sino una medida de excepción para evitar el riesgo de fuga o la reincidencia.

El endurecimiento de las sanciones para la violencia callejera sea cual sea su signo, equiparándola con la legislación antiterrorista, no puede entrar en el Código Penal, apuntan los especialistas del departamento de Gallardón, que, no obstante, estudian cómo hacer más efectivas esas sanciones a los violentos.

Las mismas dudas tienen en Justicia con otra medida de Interior, la de considerar un delito de «integración en organización criminal» la difusión a través de Internet y redes sociales las convocatorias que puedan derivar en «violencia» y que «alteren gravemente el orden público». En realidad, señalan desde Justicia, se trata de conceptos «vagos» ya que podrían entrar en esa categoría todas las manifestaciones que no sea notificadas o que se nieguen a disolverse, como ocurrió con el 15M.

El Ministerio de Justicia quiere más tiempo para estudiar las modificaciones planteadas por Interior, que no son ni mucho menos las únicas en las que hay diferencias. Además, ve muy difícil «cerrar un texto de reforma coherente» cuando «cada 15 días se presenta una nueva propuesta».