La Audiencia Nacional procesa a 'Thierry' como máximo jefe militar y político de ETA

Nunca antes un etarra había ocupado las jefaturas política y militar de ETA, con el control de los objetivos, las directrices operativas, la supervisión de los diferentes procesos de paz o el control del llamado 'impuesto revolucionario'. Esa distinción, al menos desde 2001 hasta su tumultuosa detención en Burdeos en mayo de 2008, la ostentaba Francisco Javier López Peña, 'Thierry'. Así lo expone el auto de procesamiento del exjefe terrorista conocido ayer.

El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco acusa a López Peña de integración en organización terrorista en grado de dirigente, un delito que conlleva una pena de ocho a 14 años de prisión. En la misma causa penal fue procesada Ainhoa Ozaeta Mendicute, 'Kuraia', también detenida en Burdeos.

El juez Velasco considera que ambos dirigentes etarras realizaron labores de extorsión y recabaron información de objetivos, entre ellos el jefe de la Policía local de Andoain Joseba Pagazaurtundua. A Ainhoa Ozaeta, el magistrado le sitúa como máxima responsable de 'Gezi', estructura dependiente del aparato político de ETA y encargada del cobro del dinero fruto de las extorsiones; mientras que 'Thierry' se encargaba de gestionar todos los datos que proporcionaban los comandos e informadores de la organización terrorista sobre potenciales objetivos.

Extorsión

El juez asegura en su auto que ambos dirigentes mantuvieron varias reuniones con el comando 'Zipi', formado por otros dos etarras detenidos en febrero pasado en Guipúzcoa, Iñaki Igerategi y Juan Ignacio Otaño, procesados ahora por integración en ETA.

La labor del grupo entre 2001 y 2009 fue doble, una financiera para recaudar el denominado 'impuesto revolucionario', redactando y repartiendo las cartas de extorsión, 522 entre 2005 y 2006, según la Policía, y otra de información, recogiendo nombres y direcciones de objetivos.

Asimismo, entregaron revistas y boletines oficiales de Guipúzcoa con los nombres de las empresas adjudicatarias de obras públicas y sus responsables a López Peña, que seleccionaba los objetivos y encomendaba a Igerategi y Otaño la misión de enviarles las cartas exigiéndoles el pago de distintas cantidades.

Entre otras, el exjefe político y militar de ETA señaló a la compañía Altuna y Uria, cuyo consejero delegado, Iñaki Uria, fue asesinado por ETA en Azpeitia en diciembre de 2008.