El Gobierno endurece la ley de extranjería para frenar el turismo sanitario

El Gobierno está empeñado en cerrar cualquier opción que de vida al turismo sanitario, esa laguna legal que ha permitido a miles de extranjeros (700.000 solo en 2009, según el Ejecutivo) ser atendidos por el Sistema Nacional de Salud (SNS) sin que les costase un euro. Para acabar con esta práctica, Ana Mato explicó que, además de trasladar a la legislación española el artículo 7 de la directiva europea relativa al derecho de los ciudadanos de la Unión, se va a endurecer la ley de extranjería. La ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad apuntó en la comparecencia posterior al Consejo de Ministros que quiere terminar con esa práctica de algunos residentes extranjeros legales de traer familiares «exclusivamente» para ser operados en los hospitales españoles. «Vamos a acabar con el turismo sanitario porque es injusto», expuso la titular de Sanidad, que no quiso adelantar cómo se va a realizar estas modificaciones. Solo adelantó que se pedirán «unos requisitos» además del certificado de empadronamiento. «Se tendrán en cuenta a las personas que de verdad vivan en España, que pagan sus impuestos», insistió.

Mato también advirtió de que se van a revisar los convenios con algunos países no comunitarios porque no integran a España el dinero por la asistencia sanitaria que reciben sus nacionales en España. En cuanto a los ciudadanos comunitarios que se aprovechaban de la «mala trasposición» de la normativa europea, se mostró sorprendida de que a la legislación española se incorporase completa la normativa «salvo ese artículo que prohíbe desplazarse a otro país con el objeto de recibir atención sanitaria». Mató recordó que el Tribunal de Cuentas cifró en 917 millones el coste de esta práctica para las arcas públicas en 2009. Ahora, con esta modificación y el retoque de la ley de extranjería, el SNS se ahorrará unos 1.500 millones: mil de los comunitarios y unos 500 millones del resto de los foráneos.

Una reducción de gasto que se une a la batería de medidas que ya anunció Mato tras el Consejo Interterritorial, como el polémico copago farmacéutico. La ministra insistió en que las medidas que contiene el real decreto para modificar la sanidad son «difíciles» pero necesarias para asegurar el sistema sanitario. Así, los perceptores de pensiones no contributivas, de renta de reinserción y los parados de larga duración no pagarán nada por los medicamentos; los pensionistas cuya renta no llegue a 18.000 euros abonarán el 10% del fármaco hasta un límite de 8 euros al mes y los pensionistas que superen el límite de la obligatoriedad de la declaración de la renta pagarán también el 10% del medicamento, pero hasta un límite de 18 euros. En cuanto a la población activa, la inmensa mayoría pasará de pagar el 40% de las medicinas a la mitad; mientras los que superen los 100.000 euros de renta anual abonarán el 60%. Mato consideró que este sistema podrá entrar en funcionamiento en dos meses y permitirá ahuchar unos 3.500 millones.

Otra de las medidas de ahorro será la actualización del Nomenclator, el vademécum de medicamentos. Consistirá en cambiar aquellos productos que se hayan quedado obsoletos. Por otra parte, la implantación de las nuevas tecnologías en la atención primaria y la creación de una cartera común ahorrará unos 700 millones, según el Ejecutivo. Otros 1.000 millones saldrán de la plataforma de compras centralizada, 500 millones de la ordenación de recursos humanos (más movilidad de personal entre comunidades) y unos 600 millones del pacto sociosanitario para una mejor coordinación entre sanidad y servicios sociales.