Las reformas de nunca acabar

La hiperactividad del Consejo de Ministros en las últimas semanas no ha sido suficiente para cerrar flecos de cambios ya emprendidos, ni para abordar en profundidad otros ya esbozados. Desde la solución al déficit eléctrico al lanzamiento de los hispabonos, pasando por los problemas de financiación de la reestructuración bancaria -quién se hace cargo de las ayudas, y de qué manera se cubren- o la resistencia de los organismos reguladores a la concentración, queda una larga lista de asuntos pendientes en los que la decisión última depende del Gobierno. La reforma laboral queda al margen, porque ha entrado en el Parlamento, y si se producen modificaciones será por acuerdo entre las fuerzas políticas.

Ayudas bancaria. El Ejecutivo anunció que no habrá recursos públicos, y aumentó la cuota de la contribución de las entidades al Fondo de Garantía de Depósitos (FGD) hasta un máximo legal del 3 por 1.000 sobre el volumen de depósitos. Apenas quedan 2.300 millones en caja, y la CAM se va a llevar un buen bocado de esa cantidad. Como todas las entidades rescatadas han sacado a la luz pérdidas más abultadas de lo previsto, las subastas pendientes (Banco de Valencia, Catalunya Caixa) o posibles (Novagalicia) van a precisar nuevas dotaciones. El sector se ha enfrentado al Gobierno porque no quiere poner más dinero. El FGD podría endeudarse, con el aval del Estado, y las aportaciones bancarias correrían a cargo del pago de intereses.

Déficit eléctrico. Las recientes decisiones -la subida del 7% en el recibo de la luz que permitirá ingresar 1.400 millones, mientras se impone un recorte de 1.700 millones a los distintos agentes del sector- apenas sirven para compensar los desfases del sistema en 2011 y el primer trimestre de 2012. Se imponen cambios de más calado, porque el abaratamiento de la energía en el mercado mayorista en primavera no suele prolongarse en el verano. Además, para acopiar la cantidad compensatoria se ha recurrido a la hucha de los ingresos remanentes de años anteriores. Ni se puede seguir aumentando el recibo de los consumidores domésticos ni las empresas de generación 'tradicionales' están dispuestas a cargar con el resto de la factura. El propio Ministerio de Industria ha reconocido que la reforma apenas ha dado los primeros pasos.

Hispabonos. Las comunidades en peor situación fiscal pagan muy caro el acceso a los mercados, y el Tesoro ha comenzado a preparar el terreno para la emisión de un producto autonómico conjunto con el aval del Estado. Bonos que ahora están cotizando en el mercado secundario con un diferencial de rentabilidad superior a los 400 puntos respecto a la deuda soberana del mismo plazo podrían ver reducida esta distancia a unos 80 puntos básicos, según cálculos de los expertos. Economía estima un ahorro total de unos 1.000 millones de euros.

Reguladores. Como era de prever, los tres organismos reguladores consultados han puesto todo tipo de pegas al anteproyecto que, basándose sobre todo en razones de austeridad y ahorro, implica su integración en un solo ente. Ni la Comisión Nacional de la Energía ni la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones ni siquiera la Comisión Nacional de Competencia -la que sale mejor parada, puesto que conserva más atribuciones- ven con buenos ojos el diseño de la futura Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia. Las respuestas a la consulta formulada no pueden ser más críticas: todos se quejan de que la reforma se ha emprendido sin consenso, y denuncian que el traslado de competencias a diferentes ministerios va a suponer pérdida de independencia y de eficacia.

Infraestructuras. El tijeretazo sufrido por la inversión en el Presupuesto del Estado para 2012 fuerza al Ejecutivo a potenciar planes de colaboración público-privada para el desarrollo de infraestructuras que no deben paralizarse. Los datos hasta ahora conocidos desvelan que los recortes van a afectar a las autopistas de primera generación (renovación de las primeras radiales que se construyeron en España), a las aportaciones al gestor ferroviario ADIF y al de carreteras SEITTSA y a las vías de competencia autonómica subvencionadas. De la cooperación público-privada se ha hablado mucho, pero salvo un tramo de la alta velocidad gallega que se llevará a cabo con financiación mixta, es difícil encontrar otros ejemplos.