Certezas y dudas sobre el desfalco

Tres años se cumplen y sin embargo, poco más se sabe de lo ya conocido en el primer mes del desfalco. Sin fecha para el juicio penal y con el proceso del Tribunal de Cuentas recién abierto, da la sensación de que las dudas, que envuelve la desaparición de 7,8 millones de euros de la caja municipal, tardarán en resolverse. Hasta el momento la Policía centra la salida del dinero en la relación del ex cajero con una familia marroquí, lo que fue posible, presuntamente por el escaso control que se hizo en Hacienda. En medio quedan contradicciones en las declaraciones, extraños sucesos en torno al lugar en el que ocurrieron los hechos y unos papeles que ponían claramente la cantidad de dinero que faltaba y a los que nadie hizo caso.

Pasado el tiempo, si de algo tienen certeza los isleños es que el dinero nunca se recuperará ni que se sabrá a ciencia cierta en qué fue empleado. La fecha clave sin duda, fue el 1 de abril de 2009, cuando el abogado del Ayuntamiento junto al interventor y la tesorera presentan una denuncia contra los cajeros municipales, el propio Clemente y María José Lebrero, por un presunto alcance de 468.723 euros. Y solo un par de horas después la Policía les comunica su detención por un delito de malversación de caudales públicos.

¿Cuánto faltaba en la caja?

Y justo ahí comienzan las primeras contradicciones. Según hacen constar los técnicos que analizaron los ordenadores, las hojas de caja que supuestamente utilizó Clemente para manipular cantidades fueron modificados por última vez el 1 de abril de 2009 a las seis de la tarde, casi media hora antes de que la Policía notificara a los cajeros los cargos de los que eran acusados y cuando ya se encontraban vigilados por sus compañeros y hacía dos horas que la denuncia estaba interpuesta. ¿Por qué no se precintó la zona o se clausuró el recinto? ¿Cómo que el resto de la plantilla municipal tenía acceso al lugar? ¿Por qué no se realizó una investigación antes de las detenciones?

El último informe de la Policía echa tierra a la actuación municipal en el momento de enfrentarse a lo ocurrido y reconoce que no fue posible una investigación por la gestión de la denuncia inicial por parte de las autoridades municipales. Motivo por el que no se pudo seguir la pista del dinero mientras se realizaba el supuesto robo. Ahora resulta imposible establecer el curso del dinero efectivo, ya que no se puede certificar los bienes en los que se ha transformado.

¿Por qué no se denunciaron los 7,8 millones de euros? En las declaraciones de todo el personal de Hacienda (a excepción de interventor y tesorera) se expuso que la cantidad era muy superior a lo expuesto en la denuncia y que sobrepasaban los siete millones. Si lo sabían todos, ¿cómo que el interventor y la tesorera no? Además a la hora de acudir a la Comisaría no presentan más que el resumen de toda la información recopilada en tres meses y de manera parcial. Es más, una de las empleadas interrogadas asegura que tanto el interventor como la tesorera son conscientes y saben que existe este descuadre. Clemente señala que hasta la Cámara de Cuentas preguntó a los responsables del área por la situación.

¿Cuándo comenzó?

En el propio informe elaborado por el interventor se expone que en el 2005 ya se observaron discrepancias. Además en una de sus declaraciones deja claro que observaba las hojas de caja al final de cada año y en arqueos extraordinarios. En esas hojas al principio se ofrecía el dato de lo que supuestamente había en caja del día anterior, donde se recogía la cifra millonaria y en el apartado de cajón diario lo que realmente había. Así lo reconoce también la tesorera, que aseguraba que el cajón diario era la cifra que se manipulaba. Sin embargo, hay que apuntar que una de las cosas que alarmó a la Cámara de Cuentas es la de cifras millonarias que había en la caja, algo inaudito ya que normalmente se mete en bancos para dar rentabilidad.

¿Quién lo detectó?

El Ayuntamiento defendió que fueron los técnicos municipales los que detectaron la falta del dinero, pero la propia Tesorera en sus declaraciones expone que la Cámara de Cuentas estaba realizando desde hacía meses una auditoría en la que detectó el desfalco. Incluso la jueza en el auto que autoriza el registro de las propiedades de Clemente lo viene a corroborar. ¿Por qué no lo reconoce el Consistorio?

A todo ello hay que sumar que tras lo ocurrido se estropeó la alarma de Hacienda y se puso vigilancia nocturna sin que fuera avisada ni la responsable del área ni la propia Policía. Que se ingresaron 1,9 millones en cheques para ayudas sociales cuando no hacía falta pues se cubría con los ingresos diarios que pasaban por caja. Y que aún no se ha llamado a declarar al juzgado a los cargos políticos que, por su responsabilidad o labor, tienen algún tipo de relación ante lo sucedido. Tampoco se entiende que Clemente manipulara datos de gestiones de su inmobiliaria para que siguiera siendo ruinosa. Y la mayor dudas de todas es si algún día se despejarán todas las incógnitas del desfalco.