Hacienda controlará el gasto eléctrico y los polígonos industriales para atajar el fraude

El Ministerio de Hacienda sorprendía el pasado jueves con las líneas maestras de su nuevo plan contra el fraude fiscal. La resolución publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) alertaba a deportistas famosos y artistas de que el fisco vigilaría de cerca sus sociedades patrimoniales y mercantiles por si a través de ellas pudieran ocultar ingresos o deducir indebidamente gastos particulares.

Pero la Agencia Tributaria no se olvida de autónomos y empresas que declaran pérdidas y realizan actividades fuera de regulación. Para poner coto a la economía sumergida propone realizar inspecciones en «determinados polígonos industriales o zonas geográficas para sacar a la luz actividades económicas no censadas o con empleo de medios humanos o materiales no declarados», dice textualmente el texto del Ministerio.

También pedirá a las compañías eléctricas datos sobre el consumo con el fin de localizar inmuebles donde se puedan estar desarrollando actividades productivas no reguladas. Y eso irá también por los alquileres clandestinos. De hecho, ya el año pasado se comenzaron a recabar datos de este tipo. Fuentes de Endesa confirmaron que la compañía se ha visto obligada a facilitarlos por orden de la Agencia Tributaria y se espera que este año también los soliciten.

Esos son algunos de los mecanismos con los que el Gobierno central pretende atajar el fraude fiscal y laboral, que crece alimentado por la crisis y el desempleo. En los últimos años -concretamente 2009 y 2010 que son de los que se dispone de un balance ya cerrado- se logró recaudar en la provincial alrededor de 40 millones de euros con la localización de actividades no reguladas. Pero eso apenas representa una parte ínfima de la bolsa de economía sumergida en la provincia. El sindicato de técnicos de Hacienda, Gestha, calcula que llega a mover unos 5.300 millones de euros, lo que supone el 24% del PIB gaditano.

Quién defrauda

Los pequeños arreglos en el hogar que se abonan en negro, el ya recurrente 'si no quiere factura no le cobro el IVA' o los alquileres sin declarar son parte de este negocio que supone una tremenda competencia desleal a las empresas que operan de forma regulada. También es el motivo de que una provincia con 194.000 parados -según el último dato del desempleo de febrero- logre mantener la paz social y no tome la calle de forma masiva.

El secretario general de Gestha, José María Mollinedo, señala que «los programas de vigilancia de naves industriales que en teoría deberían de estar vacías o inspecciones a pequeños autónomos han dado buen resultado». Son procedimientos sencillos que «tampoco conllevan un importante trámite judicial, ya que pagar abogados y procuradores resulta más caro que la multa», recalca Mollinedo.

Ése es el perfil medio de los contribuyentes a los que se les hace seguimiento en delegaciones como la de Cádiz o Jerez. De esa manera se pueden cumplir objetivos, que para este año se han fijado en unos 8.000 millones en toda España. Pero la gran parte de la tarta se queda en el plato. Denuncia el portavoz del sindicato de técnicos de Hacienda que «son las grandes empresas y los propietarios de sustanciosos patrimonios los que tienen más facilidades para defraudar y, además, mueven mayores cantidades». Lo hacen a través de complicados conglomerados de sociedades, muchas veces de manera legal, que les permite ahorrar pagos.

Una de las nuevas medidas que más ha valorado este colectivo es la limitación que se plantea poner para los pagos en metálico. José María Mollinedo hace hincapié en que «muchas compañías justifican gastos y hasta el IVA deducible mediante facturas realizadas en metálico, lo que escapa más al control. El Gobierno aún no ha definido cuál será el límite, pero Gestha tiene claro que debe acercarse al modelo italiano, que lo ha fijado en 1.000 euros. «Nuestro volumen de fraude fiscal se acerca más a los vecinos de Italia que a los de Francia, que dan margen hasta los 3.000», indica.

Otra de las cuestiones a tener en cuenta es la colaboración que se ha establecido entre la Agencia Tributaria y la Tesorería de la Seguridad Social para compartir información. Los canales son los mismos y cada vez se intensifica más la relación para detectar el fraude laboral e incluso los pagos pendientes con ambas administraciones.