Un déficit propio

El presidente Rajoy esperó a que concluyera la reunión del Eurogrupo en Bruselas para anunciar que el déficit previsto en el cuadro macroeconómico español para 2012 es del 5,8%, y no del 4,4% fijado. Su convicción de que tal horizonte se ajusta a las indicaciones de la UE de reducir cada año un 1,5% de déficit, lo que a su entender se verá confirmado cuando España logre rebajar el desequilibrio presupuestario a un 3% al finalizar 2013, podría contar con el beneficio de la duda en cuanto a la preeminencia del objetivo último respecto a los pasos intermedios. Aunque tal interpretación de los compromisos adquiridos, expuesto además tras suscribir el Pacto Fiscal, llevó a las autoridades de la Unión a subrayar las obligaciones que afectan a los países en dificultades, porque indujo a los gobiernos que representan a las economías centrales del Euro a considerar que se trata de una lectura ventajista de los criterios de estabilidad; mientras que otros socios europeos habrán recibido la noticia como ejemplo a imitar ante la evaluación comunitaria de los respectivos planes de estabilidad en mayo. Pero el pronóstico de que la economía española decrecerá en un 1,7% durante 2012, incorporando a 630.000 personas más al paro, obliga a pensar que no se trata de sortear hábilmente las exigencias europeas para, en el mejor de los casos, contribuir a una revisión fáctica de las políticas establecidas por Merkel y Sarkozy. El reto fundamental es poner fin a la recesión antes de que acabe el año y lograr que no se prolongue durante 2013. El anuncio de Rajoy se produjo ayer y en un momento en el que los mercados se muestran apaciguados, lo que brinda un cierto margen a la declaración 'soberana' del presidente de Gobierno. Pero su apuesta no es solo comprometida respecto al foro europeo e internacional. El desglose de la limitada reducción del déficit supone que del ajuste general de 16.000 millones de euros en la confección de los presupuestos para 2012 las comunidades autónomas deban hacerse cargo de un recorte de 14.000 millones, en buena parte a cuenta de servicios públicos esenciales. De modo que el desafío lanzado a Bruselas y a la Alemania de Merkel se convierte, al mismo tiempo, en el dictado de un sacrificio que los gobiernos autonómicos difícilmente podrán atender sin reducir la cobertura de necesidades sociales que, además, se incrementarán con la recesión.