Condenado un chipionero por maltratar a su perro

El juzgado Número 5 de lo Penal ha condenado a diez meses de prisión y dos de inhabilitación para tener animales a José Antonio A, un vecino de Chipiona que fue llevado ante los tribunales por una asociación protectora por maltratar a su perro, al que supuestamente golpeó en la cabeza y lo mantuvo sin comer, hasta el punto de causarle una anemia. Los miembros de la asociación SiempreKontigo, de Rota, que además de acoger y curar al perro -al que bautizaron como 'Alejandro Magno'- también se personaron en la causa como acusación particular, se mostraron ayer «muy contentos al conocer la resolución judicial: «Se puede decir que es una de las condenas mayores impuestas en España por el maltrato a un perro y por supuesto va a crear precedente», afirmaron en una nota de prensa.

A pesar de esto, la pena de cárcel impuesta es inferior a la que pedía la asociación (de un año y medio) y se ajusta a la que planteó la Fiscalía. En todo caso, el acusado no ingresaría en prisión ya que no contaba con antecedentes y puede por tanto beneficiarse de una suspensión de la pena al ser inferior a dos años. A pesar de su satisfacción, los representantes de SiempreKontigo reconocieron que si por ellos fuera «la inhabilitación sería de por vida».

El animal fue descubierto medio muerto por agentes de la Policía Local de Chipiona en abril de 2010. Los funcionarios no vieron a José Antonio A. cuando supuestamente le golpeó, pero un vecino les indicó que él era el culpable y éste lo reconoció cuando fue abordado por los policías, que avisaron a la protectora para intentar salvarle la vida. La veterinaria que se hizo cargo de 'Alejandro Magno' reconoció ante el juez que nunca había visto un perro en tan lamentable estado: con un agujero en el cráneo, flaco y anémico, y comido por las pulgas, que le habían creado un gran eccema por todo el cuerpo. «Creía que se moriría esa noche», declaró la veterinaria. Además de la pena de cárcel, se le ha impuesto al acusado el pago del gasto veterinario, pero no de la multa de 530 euros que reclamaba la fiscal.