Moody's reclama a España un ajuste total de 40.000 millones

La agencia de calificación crediticia Moody's, que se ha distinguido por su rapidez y diligencia a la hora de exigir recortes a los países más sacudidos por la crisis, imprimió ayer otra vuelta de tuerca a su usual presión sobre España. Reclamó al Gobierno un ajuste global próximo a los 40.000 millones de euros, casi dos veces y media lo anunciado por Mariano Rajoy en su investidura, para sanear las cuentas públicas y cumplir en 2012 el objetivo de déficit. Moody's plantea esta exigencia en un informe en el que expone sus nuevas perspectivas para la economía española una vez que Gobierno ha asegurado que el déficit público correspondiente a 2011 rondará el 8% del PIB, dos puntos por encima del 6% comprometido ante Bruselas. Una desviación que, traducida a euros, supone casi 22.000 millones más de lo previsto en el saldo de 'números rojos'.

Ese desfase adicional hay que sumarlo al ajuste de 1,6 puntos de déficit (unos 16.500 millones de euros) que el Ejecutivo ya estaba comprometido a realizar en 2012 para reducir al 4,4% del PIB el desfase entre ingresos y gastos.

En su dictamen, la agencia de riesgos señala que las medidas que anunció el 30 de diciembre el Gobierno de Rajoy -congelación de sueldos de empleados públicos, recortes del gasto ministerial y subida del IRPF e IBI, entre otras- suponen un ajuste de 'solo' 15.000 millones. Esa cifra se obtiene al sumar los 8.900 millones que el Estado espera ahorrar vía recortes de gasto más los 6.300 que obtendrá del incremento fiscal. Un aumento tributario que podría ir a más si el Ejecutivo atiende este tipo de reclamaciones y aprueba en marzo, como esperan muchos analistas, una nueva subida del IVA.

Dudas de la UE

Moody's rechaza contabilizar a favor del Estado los 8.171 millones que el último Consejo de Ministros fijó como objetivo de recaudación de su plan de lucha contra el fraude. Considera que esos ingresos son «muy difíciles de estimar y recuperar». La Comisión Europea, que vigila la ejecución de los programas de consolidación presupuestaria en la UE, también expresó hace unos días sus dudas sobre la efectividad del combate contra la economía sumergida como mecanismo recaudatorio. Su portavoz, Olivier Bailly, recalcó que el Ejecutivo anuncia ingresos que «no están garantizados».

Completa el panorama catastrófico para España que pinta Moody's la previsión de recaída en la recesión, agravada por las malas perspectivas para la zona euro y la crisis de la deuda. Moody's estima que este año la actividad en España padecerá un retroceso de entre el 0,5% y el 1% del PIB (la última previsión oficial era crecer un 2,3%). Justo el peor escenario en un momento en que analistas, organismos internacionales y el propio Gobierno coinciden en que los principales problemas, el paro y el déficit, deben resolverse con más actividad.

Para Moody's esta situación supone un «desafío» que hace «necesario» acometer nuevas medidas de austeridad que «devuelvan las finanzas públicas a una senda sostenible». La agencia elogia la «rapidez» del Gobierno a la hora de acometer reformas, pero echa de menos cambios «urgentes» en las comunidades autónomas. Valora, en ese sentido, los anuncios del Gabiente de Rajoy de que ejercerá un control mayor sobre los presupuestos de las regiones.

Poda de organismos

El Gobierno corroboró con sus declaraciones que las cuentas autonómicas son una de sus principales fuentes de desasosiego. El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro se reunirá esta semana con los consejeros responsables de las finanzas de las comunidades gobernadas por el PP para pactar ajustes con miras a la próxima reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF), que se celebrará «dentro de ocho o diez días», avanzó la secretaria general del PP, Dolores de Cospedal.

En ese encuentro, previsto para consensuar criterios a la hora de aplicar los planes de reequilibrio comprometidos y de efectuar ajustes adicionales en los presupuestos autonómicos, el Gobierno revisará el catálogo de empresas públicas, organismos y fundaciones, con vistas a reducirlo. El objetivo, detalló Montoro, es suprimir 450 entidades «en pocos meses». El responsable de Hacienda atribuyó ese «adelgazamiento» del sector público a su excesiva «ineficiencia».

La vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, detalló tras la última reunión del Consejo de Ministros que el sector público cuenta con más de 4.000 entidades, empresas y consorcios. En 2010, el CPFF fijó como meta eliminar 515, pero en este tiempo solo se han suprimido 69 (el 13% de lo previsto). De ahí que considera llegada la hora de hacer el trabajo pendiente.