El socialista Elio di Rupo estrecha la mano del rey Alberto II. :: REUTERS
MUNDO

Bélgica desbloquea su crisis política con la sexta reforma del Estado

Flamencos y francófonos sellan un acuerdo tras 16 meses de negociaciones y despejan el camino para formar Gobierno

BRUSELAS. Actualizado: Guardar
Enviar noticia por correo electrónico

Bélgica está un paso de recuperar la normalidad institucional. Tras 16 meses sin Gobierno -482 días exactamente, según los periódicos que llevan la cuenta a rajatabla-, las fuerzas políticas sellaron ayer un acuerdo para reformar el Estado por sexta vez desde 1970. Flamenos y francófonos, las dos comunidades lingüísticas de un país fracturado por el idioma, cerraron un histórico pacto que despeja el camino para poder formar un nuevo Ejecutivo en las próximas semanas.

Los ocho partidos involucrados en las negociaciones -cuatro flamencos y cuatro francófonos- se estrecharon las manos en torno a la una de la madrugada. En un mes frenético para Bélgica, las fuerzas políticas han logrado consensuar los cambios constitucionales después de que sus esfuerzos estuvieran a punto de naufragar, lo que hubiera dejado al país ante la perspectiva de una escisión. «Es la mayor reforma del Estado nuestra historia», celebraron las formaciones francófonas tras el acuerdo.

La recta final de las negociaciones estaba centrada en las modificaciones del sistema político y las transferencias a las comunidades. Los ocho partidos -son tantos porque no existen las formaciones de ámbito nacional- acordaron elevar a cinco años la duración de las legislaturas y hacer coincidir las elecciones federales y regionales. Paralelamente, se pactó que servicios como los Bomberos mantengan su dimensión estatal y algunos cambios en el código de circulación. Los flamencos reclamaban esta última competencia, pero se conformaron con algunos poderes para alterar los límites de velocidad y las condiciones de los transportes.

Aunque en la madrugada de ayer se dio por cerrada la reforma, lo cierto es que el nudo más enmarañado se había soltado hace casi un mes. Entonces, las ocho formaciones alcanzaron un pacto histórico sobre el estatus de la periferia de Bruselas, el mayor punto de fricción entre flamencos y francófonos. El francés es el idioma mayoritario de la capital belga, pero geográficamente se encuentra ubicada en territorio neerlandófono. La ciudad mantiene un régimen de bilingüismo que hace medio siglo se extendió a un total de 35 ayuntamientos de las afueras que conforman el distrito de Bruselas-Hal-Vilvorde (BHV).

Afrenta insoportable

Los flamencos han considerado tradicionalmente la situación de BHV, donde los residentes francófonos tienen unos derechos especiales, una afrenta insoportable. De hecho, se han necesitado tantos meses para avanzar en las negociaciones porque nadie cedía en este asunto. Finalmente, los partidos lograron un acuerdo equilibrado para ambas partes. La mayoría de los ayuntamientos se integrarán normalmente en Flandes, mientras que los seis más cercanos a Bruselas mantendrán los jueces francófonos y la posibilidad de que sus ciudadanos puedan votar a respresentantes de esta lengua.

El pacto sobre la periferia bruselense apartó casi todos los obstáculos del camino. Casi a renglón seguido, los ocho partidos consensuaron la Ley Especial de Financiación, la legislación que rige el reparto económico entre las administraciones. En este apartado, los flamencos lograron un importante espaldarazo para sus aspiraciones al obtener una mayor autonomía fiscal. A partir de ahora, un tercio de la recaudación del impuesto de la renta quedará en manos de las comunidades, que también dispondrán de un margen más amplio para modificar los tipos impositivos.

El responsable de las negociaciones y favorito para convertirse en nuevo primer ministro, el líder socialista francófono Elio di Rupo, presentará el martes la nueva reforma del Estado. Desde ese momento, los partidos empezarán a dialogar concretamente sobre la formación del Ejecutivo. El acuerdo final dependerá en gran medida de la sintonía de las formaciones para llevar a cabo los recortes presupuestarios que necesita el país. Ya se habla de la implantación de un impuesto de patrimonio o de la reforma del paro. Según los medios locales, las negociaciones serán duras, pero el nuevo Gobierno puede estar operativo en noviembre.