Arenas exigirá la inhabilitación de Manuel Chaves y Griñán

El presidente del Partido Popular de Andalucía, Javier Arenas, anunció ayer a su paso por la capital gaditana que «en los próximos días» su partido va a pedir en el Parlamento andaluz la «inhabilitación» de «al menos una decena de políticos» por su presunta implicación en el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares. Según ha detallado, el actual presidente de la Junta de Andalucía y su antecesor, José Antonio Griñán y Manuel Chaves, respectivamente, serán «los primeros» de esa lista.

Durante su intervención en el Comité Ejecutivo Regional del PP andaluz, celebrado en Cádiz, Arenas ha asegurado que si su partido gobierna en Andalucía «nunca se repetirá un asunto como el de los ERE», subrayando que sólo con eso habrá «ahorrado a los andaluces 700 millones de euros de despilfarro, arbitrariedades y capricho del PSOE».

Nueva Ley de Hacienda

Arenas ha justificado tal afirmación señalando que si el PP alcanza la Presidencia de la Junta de Andalucía habrá «una nueva Ley de Hacienda Pública» que supondrá que «no se gaste un euro sin que lo firme un funcionario o un interventor». Según ha destacado, así se evitarían situaciones como las del caso de los ERE, con «expedientes que son un pósit amarillo» como toda documentación para justificar el reparto de varios millones de euros durante años. El líder de la oposición autonómica ha asegurado que este asunto «afecta ya a diez consejeros de la Junta de Andalucía», considerando que «al menos una decena de políticos deberían terminar inhabilitados para gestionar dinero público» u ostentar cargo público, situando en la cabeza de la lista al presidente y su predecesor, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

Arenas ha avanzado que su partido solicitará formalmente este asunto en el Parlamento andaluz en los próximos días, al igual que la reprobación de la vicepresidenta del Gobierno de Asuntos Económicos y Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado, al considerar que está llevando a cabo una política contraria a los intereses de Andalucía.

Con este gesto, la inhabilitación alcanzaría a dos miembros del actual Gobierno central.