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La mano dura de Cameron pone las cárceles al límite

Las severas condenas impuestas a los alborotadores enfrentan al primer ministro con sus socios de Gobierno

LONDRES. Actualizado: Guardar
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Ursula Nevin dormía en su casa de Manchester mientras la ciudad explotaba en violencia. Cerca de 150 locales y comercios fueron desvalijados y los bomberos sofocaron 155 incendios la noche del 9 de agosto. Al día siguiente, esta mujer de 24 años aceptó unos pantalones cortos que una amiga había robado de una tienda saqueada por los violentos. Horas después, Nevin comparecía ante el juez y tras aceptar su culpabilidad en el delito recibió una condena de cinco meses en prisión. Anteayer recuperó la libertad en el primer recurso de apelación relacionado con los disturbios que se desataron en las principales ciudades inglesas durante cuatro días y noches consecutivas de agosto.

El de Nevin no es un caso aislado. Magistrados y jueces están impartiendo condenas severas, con prolongadas estancias en la cárcel, como tónico a la resaca colectiva de vandalismo y desorden público. Otro joven de Manchester, Stephen Carter, fue encarcelado para un periodo de 18 meses una vez descontado medio año por declararse culpable de recoger una bolsa que contenía ropa valorada en unos 600 euros. El adolescente de 18 años Michael Gillespie-Doyle, acusado de un delito similar, fue recluido en una institución juvenil por dos años.

La justicia inglesa rara vez había actuado con tanta diligencia. Dos semanas después del primer incidente violento, en el barrio londinense de Tottenham, más de la mitad de los 3.000 detenidos en todo el país han comparecido ante un juez. El 70% de los acusados está en prisión preventiva a espera de juicio cuando el recorte de libertad se suele limitar al 2% en la fase inicial del proceso judicial. Y según análisis de la prensa británica, los plazos de las condenas en prisión dictadas hasta la fecha son un 25% más prolongados de lo habitual.

Los abogados anticipan una avalancha de recursos como el superado con éxito por Ursula Nevin. «La Justicia debe administrarse efectivamente y con mentes serenas. Hay que evitar gastos innecesarios al heraldo público con condenas erróneas o sentencias que luego van a ser recurridas», advirtió el viernes la Sociedad Legal que representa al cuerpo de letrados de Inglaterra y Gales.

A la espera de muchas inevitables apelaciones, la alarma ha saltado en el Servicio de Prisiones. La población de reclusos está creciendo a un ritmo de 100 al día a consecuencia de los disturbios. Las cárceles están a rebosar y la mañana del viernes había alcanzado los 86.654 presos. Solo quedaban algo más del millar de plazas hábiles y los magistrados seguían enviando a jóvenes entre rejas este fin de semana.

«Mano dura»

El mensaje de «mano dura» del primer ministro David Cameron ha surtido efecto. Pero las repercusiones a corto y largo plazo no han hecho más que comenzar. Con su reacción a la anarquía callejera de días atrás, centrada en hacer pagar a los partícipes de su «irresponsabilidad y criminalidad», el premier conservador ha puesto en riesgo la estrategia de reforma judicial del Gobierno de coalición. Atrás queda el objetivo de su colega de partido y ministro de Justicia, Kenneth Clarke, por reducir en unos 3.000 presos el número total de reclusos para 2014.

Clarke pretendía suavizar las condenas, sustituir la cárcel por castigos de reparación en comunidad y promover los programas de rehabilitación. Pero la prensa sensacionalista activó la alarma, denunciando que violadores y criminales violentos saldrían a la calle en pocos años. Cameron echó el freno a la progresista propuesta.