Tensión radical

La persistencia de ETA como una amenaza latente ha vuelto a poner a prueba tanto a los herederos de la extinta Batasuna que tratan de regresar a la legalidad como a los socios -EA y Alternatiba- que intentan facilitarles el camino a cambio de compartir los beneficios políticos que pudieran derivarse de la desvinculación de la izquierda 'abertzale' respecto a la matriz etarra. Los tiroteos protagonizados el pasado sábado por dos presuntos integrantes de la banda terrorista, que hirieron a un gendarme en el centro de Francia, y el hallazgo de 900 kilos de material explosivo en un caserío de la localidad guipuzcoana de Legorreta extienden sombras de duda más que razonables, advirtiendo sobre la reversibilidad del alto el fuego anunciado por ETA. Las señales enviadas esta misma semana a la banda terrorista en nombre de la 'Izquierda Abertzale' y también de Sortu reflejan la inquietud que lo ocurrido suscita en ese mundo, temeroso de acabar encadenado a una banda desvarío se incremente en la debilidad, y acobardado para romper definitivamente con el mismo. Lo que resulta más discutible es que los mensajes transmitidos desde la izquierda 'abertzale' para que ETA se atenga escrupulosamente a una tregua «permanente y general» surtan efecto y, sobre todo, que la tensión exteriorizada contribuya a corto plazo al final de la violencia. Entre otras razones porque la izquierda 'abertzale' continúa advirtiendo que le será ineludible rechazar toda violencia, «incluida la de ETA», al tiempo que se resiste a formular siquiera una crítica retrospectiva a la trayectoria terrorista, y tampoco es capaz de emplazar a la banda a poner fin a su existencia. Las personas que daban ánimos a los hermanos Esnaola durante su detención en el lugar en el que almacenaban tanto explosivo y las que trataron de homenajear a Sagardui después de haber cumplido casi 31 años en prisión por la comisión de atentados mortales intentan salvar el pasado etarra de ese mínimo juicio que la sociedad reclama a la izquierda 'abertzale'. Sortu en sus alegaciones ante el Supremo y Bildu ante las noticias sobre la posible impugnación de sus candidaturas insisten en que no tienen nada que ver con ETA. Algo que política y socialmente será verdad cuando se atrevan a reconocer, sencillamente, que el Estado de derecho tiene la obligación de detener a los terroristas.